Llevaba tiempo buscando un libro que abordara con valentía un tema que en España se ha vuelto casi impronunciable: los efectos reales de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En cuanto supe que Juan Soto Ivars publicaba Esto no existe, lo compré y lo devoré en pocas horas. Lo más sorprendente del libro no son las afirmaciones rotundas que realiza (que son pocas), sino las preguntas incómodas que plantea; preguntas que ni nuestras instituciones públicas, ni la academia, ni los medios generalistas se atreven a formular. Las dudas esenciales — qué eficacia real tiene la ley después de veinte años, cuántas denuncias falsas o instrumentales existen, cuántos inocentes ven alterada su vida por un sistema de incentivos con efectos perniciosos, cuánta violencia grave se explica por factores distintos de la desigualdad de género— quedan sepultadas bajo un apagón estadístico y un clima de presión moral donde la crítica se confunde rápidamente con herejía, machismo o negacionismo.

De hecho, la repetición constante de la cifra del 0,001% de denuncias falsas (que solo mide las condenas firmes, no la realidad material) ilustra bien esta problemática. Se utiliza un indicador que mide la dejadez de las instituciones a la hora de perseguir las denuncias falsas, mientras se omite señalar que las absoluciones y archivos (el 75–80% de las denuncias) no indican automáticamente falsedad, pero tampoco veracidad, dejando en la penumbra un fenómeno que nadie, a nivel institucional, parece tener interés en estudiar con rigor.

El resultado es un terreno pantanoso donde conviven auténticas víctimas, mujeres que retiran su denuncia por miedo o dependencia, denuncias instrumentales en procesos de separación, agresores absueltos por falta de pruebas y casos donde el denunciado acaba condenado siendo inocente, entre otros. El libro obliga también a mirar a una ley que ha judicializado conflictos menores (que, en muchos casos, son bidireccionales), que ha arrojado a un número incierto de varones a un sistema penal desproporcionado y cuyas consecuencias han sido devastadoras para muchos de ellos: años sin ver a sus hijos, la pérdida del hogar, el alto coste económico y la estigmatización social. Una ley que, además, ha englobado bajo una misma etiqueta situaciones de enorme heterogeneidad, tratándolas como si respondieran a un único patrón.

El meollo de la discusión se encuentra en el artículo 1 de dicha ley, que afirma que su objeto es actuar contra “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de (¿todos?) los hombres sobre (¿todas?) las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o relaciones afectivas similares, aun sin convivencia”. Con esta formulación, el legislador presupone como axioma que toda violencia del hombre hacia la mujer en el ámbito de la pareja responde necesariamente a un patrón de dominación masculina, negando su carácter multifactorial y fundamentando en esa premisa el agravamiento de las penas. Al operar sobre una presunción estructural ajena a la comprobación de cada caso, este razonamiento erosiona la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad. En consecuencia, el precepto no tiene un carácter descriptivo, sino dogmático.

El Tribunal Constitucional, en las sentencias 59/2008 y 45/2009, entre otras, salvó la constitucionalidad de esta afirmación introduciendo una interpretación que no aparece en la ley. En lugar de reconocer el problema que planteaba la diferencia de trato basada en el sexo del autor, el TC incorporó una noción sociológica ajena al tipo penal: el “mayor desvalor” de la agresión masculina por su supuesto “significado social objetivo”, una categoría general que, por definición, no puede acreditarse empíricamente en cada caso concreto. A mi juicio, las sentencias contradicen los artículos 14 (igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por razón de sexo), 24 (presunción de inocencia), 25 (principio de legalidad penal estricta) y 10 (dignidad de la persona) de la Constitución.

El voto particular de Rodríguez-Zapata advirtió que agravar automáticamente la pena por el mero sexo del autor -sin probar que su conducta responde a una situación de dominación o discriminación concreta — conduce a un derecho penal de autor:

Expreso, por último, mi deseo de que esta Sentencia no marque el inicio en nuestro ordenamiento del cumplimiento del sueño de Mezger: dos Derechos penales; un Derecho penal para la generalidad, en el que, en esencia, seguirán vigentes los principios que han regido hasta ahora. Y, junto a él, un Derecho penal completamente diferente, para grupos especiales de determinadas personas.

Algo que es incompatible con la tradición constitucional europea, donde las personas deben ser juzgadas por sus actos y no por su pertenencia a un grupo.

Las voces críticas no procedieron exclusivamente de sectores conservadores, como a menudo se caricaturiza, sino también de jueces progresistas como Manuela Carmena y María Sanahuja. Ambas denunciaron que la LO 1/2004 y parte del feminismo institucional parten de un enfoque causal simplificador que reduce la violencia a un “impulso masculino de dominio”, ignorando factores determinantes como la estructura familiar, la educación religiosa, las habilidades deficientes para resolver conflictos, el alcohol, las drogas o los celos patológicos. Señalaron, además, el auge de un feminismo jurídico punitivo que confía en el castigo como herramienta central de transformación social. Criticaron también la tendencia a presentar a las mujeres como víctimas por definición y a los hombres como dominadores por naturaleza, una visión que infantiliza a las mujeres y reduce la complejidad humana a un esquema binario de opresores y oprimidas.

Cuando analizamos los datos sobre violencia en la pareja, la narrativa oficial empieza a mostrar fisuras importantes. Los estudios del propio Ministerio del Interior, realizados por equipos de psicólogos especializados, confirman que la violencia letal y la no letal no son necesariamente el mismo fenómeno y que un homicidio de pareja puede producirse sin historial previo de maltrato, lo que sugiere que el hecho de que entre el 75 y el 80% de las mujeres asesinadas no hubieran denunciado no implica siempre miedo, falta de recursos o desconfianza hacia el sistema, sino que puede existir también una ausencia total de anticipación. En estos últimos casos, la ideación suicida y los trastornos mentales pueden estar entre los predictores más relevantes.

Asimismo, los estudios de revisión de feminicidios muestran una heterogeneidad radical en los autores, incompatible con una explicación única basada en la desigualdad estructural o el machismo. Estudios realizados por psicólogos y criminólogos ha identificado cuatro tipologías criminológicas: el feminicida normalizado, violento, patológico y patológico-violento, que combinan factores psicológicos, psiquiátricos, relacionales y contextuales muy distintos entre sí. Desde varones sin antecedentes que actúan en un contexto de ruptura, depresión severa o ideación suicida, hasta agresores con trayectorias delictivas, consumo de alcohol y drogas, trastornos de personalidad, celotipia delirante o impulsividad extrema. La violencia letal, lejos de responder a un único patrón de dominación masculina, emerge como la intersección de factores como la salud mental, el abuso de sustancias, el estrés vital intenso, los conflictos afectivos o la violencia previa hacia terceros (donde, por supuesto, el machismo puede jugar un rol central). A todo ello se añade una sobrerrepresentación de agresores extranjeros, lo que apunta a la existencia de variables socioculturales y de integración que la narrativa ideológica no contempla.

A esta complejidad se suma un elemento adicional: España tiene una de las tasas de homicidio más bajas del mundo, lo que hace que la capacidad predictiva sea extremadamente limitada. Es una realidad incómoda de decir en voz alta. Prevenir un acontecimiento estadísticamente excepcional sin caer en dinámicas propias de un Estado totalitario es, sencillamente, imposible: no se puede monitorizar la vida íntima de millones de parejas. Psicólogos que trabajan en el Ministerio de Interior citan al ensayista Nassim Taleb para explicar que los homicidios de pareja son, en gran parte, cisnes negros: eventos raros con consecuencias devastadoras que no pueden anticiparse mediante modelos lineales. Confiar en que un aparato penal cada vez más intrusivo será capaz de preverlos es una ilusión peligrosa.

Hay también un dato que rara vez aparece en el debate público: cada año entre 8 y 10 hombres son asesinados por sus parejas mujeres. España tampoco ha logrado el “cero víctimas” en ese ámbito, pero estas muertes no generan minutos de silencio, ni portadas, ni comparecencias institucionales. Además, como recuerda Juan Soto Ivars, muchas encuestas parten de la premisa de que la mujer es siempre la víctima y el hombre el agresor, lo que condiciona tanto la recogida como la interpretación de los datos y el debate público informado que, como consecuencia, podamos tener.

La opacidad afecta igualmente al uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Ministerio de Igualdad. Soto Ivars documenta casos de gasto ineficaz y redes clientelares, lo que reduce el monto de ayuda real destinado a las víctimas que más lo necesitan. Pide que se hagan estudios para “follow the money” y tener una radiografía completa de lo que ocurre con esas partidas de gasto. Quienes hemos trabajado en ONGs sabemos que, como él describe, no siempre existe un incentivo institucional para reconocer la complejidad de los problemas o la ineficacia de determinadas intervenciones: demasiadas carreras profesionales dependen de mantener determinados relatos y no tanto de buscar solucionar problemas.

La opacidad, por tanto, es doble: se oculta la gestión económica y se oculta la eficacia real de las políticas desplegadas. Que un programa público de dos décadas carezca aún de evaluaciones independientes y pormenorizadas debería escandalizar a cualquier demócrata; ninguna política, por loable que sea, puede estar blindada frente al escrutinio.

En contraste con España, la mayoría de países occidentales abordan la violencia de pareja sin categorías basadas en el sexo. Hablan de violencia doméstica, conyugal, intrafamiliar o relacional. En Francia sería extraño usar el término “violencia de género”. En Estados Unidos, la investigación empírica se articula bajo el concepto de intimate partner violence (IPV), sin diferenciar según el sexo o la orientación sexual. Estos enfoques generan resultados más complejos y, a menudo, contradictorios con las premisas de la LO 1/2004. Asimismo, la literatura académica muestra que hombres y mujeres perpetran violencia física y psicológica en proporciones más simétricas de lo que se suele afirmar (aunque la más mortal, sabido es, proviene en mayor proporción de los hombres), y que los motivos no difieren sustancialmente: autodefensa, frustración, celos, impulsividad, venganza o dificultades de comunicación. También se ha demostrado que las parejas del mismo sexo presentan tasas de maltrato iguales o superiores que las parejas heterosexuales. Si este es el caso, entonces el patriarcado no puede ser la causa fundamental. La evidencia científica apunta hacia otra dirección: factores como abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión, traumas infantiles, pobreza, estrés relacional o violencia previa hacia terceros explican mucho más que el llamado “machismo internalizado”. Que pueda ser un factor más y muy importante, nadie lo niega; que sea asumido sin prueba alguna, es lo problemático.

El panorama se complica aún más con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia, que prohíbe siquiera mencionar el síndrome de alienación parental (art. 11.3). Simultáneamente, con el nuevo Pacto de Estado, se busca introducir la noción de violencia vicaria, entendida exclusivamente como la violencia que un hombre ejerce sobre sus hijos para dañar a la madre. Sin embargo, los datos disponibles (cuando son recogidos sin importar el sexo, como no ocurre en España, algo que también documenta Soto Ivars en su libro) muestran que los filicidios se cometen en proporciones muy similares por hombres y mujeres. En Estados Unidos, el informe Child Maltreatment 2023 indica que las madres que actúan en solitario son responsables de casi el doble de homicidios de hijos que los padres en la misma circunstancia (459 frente a 229).

A pesar de ello (y que no nos debería importar el sexo del autor, sino el acto), en España el Gobierno indultó parcialmente a Juana Rivas y María Sevilla, ambas condenadas por sustracción de menores, decisiones que habrían sido impensables de haber sido varones. El mensaje simbólico es inequívoco: la valoración moral del acto cambia según el sexo del autor.

En una democracia madura nadie debería temer formular preguntas incómodas. La comparación con los años de la dictadura franquista, planteada por el profesor Pablo de Lora (el mejor profesor que tuve en la Universidad Autónoma, por cierto), es reveladora: en la España nacionalcatólica se negaba la violencia conyugal porque contradecía el ideal del hogar perfecto; cualquier mujer que denunciara era silenciada. Hoy, el tabú opera al verrés: cuestionar el dogma oficial se presenta como una herejía. Y, sin embargo, igual que entonces no existían estadísticas fiables sobre violencia conyugal perpetrada contra la mujer, hoy carecemos de datos sólidos sobre maltrato doméstico sin importar el sexo ni la orientación sexual de la persona, sobre denuncias falsas e instrumentales (y cómo estas pueden constituir una forma de maltrato desgarradora) o sobre el destino real de los fondos públicos. Igual que entonces se ignoraba el sufrimiento de las mujeres, hoy se ignora — y en muchas ocasiones se ridiculiza — el de los hombres maltratados, que no cuentan con ayudas, recursos específicos ni reconocimiento institucional.

La Constitución española, en su artículo 14, proclama que todos somos iguales ante la ley y ese derecho fundamental creo que no debería relativizarse. Como plantea Soto Ivars, si alguien propusiera hoy una ley que agravara automáticamente las penas para los marroquíes como categoría porque individuos de esa nacionalidad cometen proporcionalmente más hurtos, sería denunciada de inmediato como racista. Pues eso.

Una democracia pluralista no puede renunciar a ese derecho fundamental sin pagar un precio altísimo. Proteger a las víctimas — a todas — requiere reconocer la complejidad del fenómeno y abandonar relatos simplificadores que infantilizan a unas personas y demonizan a otras. La empatía no es un juego de suma cero y la justicia tampoco debería serlo. Ojalá este libro, este debate y estas preguntas incómodas nos conduzcan hacia una conversación más racional y abierta. Y ojalá sea solo el primero de muchos esfuerzos por abordar estas cuestiones con honestidad intelectual, libre de silencios impuestos e ideologías férreas. Solo así podremos cerrar la brecha de empatía que hoy fractura nuestras instituciones, nuestra justicia y nuestra convivencia.

En definitiva, acabemos con la anomalía de nuestro Código Penal: ningún otro país democrático occidental aplica penas distintas según el sexo y la orientación sexual del autor.

Dejo por aquí referencias bibliográficas para quien quiera ahondar más en estas cuestiones:

• AVANCE DE RESULTADOS DEL ESTUDIO NACIONAL DE REVISIÓN DE FEMINICIDIOS EN ESPAÑA: PERFIL DEL FEMINICIDA EN PRISIÓN. https://www.researchgate.net/publication/333634331_AVANCE_DE_RESULTADOS_DEL_ESTUDIO_NACIONAL_DE_REVISION_DE_FEMINICIDIOS_EN_ESPANA_PERFIL_DEL_FEMINICIDA_EN_PRISION

• Characteristics of spousal homicide perpetrators: a study of all cases of spousal homicide in Sweden 1990–1999. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbm.577

• Child Maltreatment 2023. https://acf.gov/sites/default/files/documents/cb/cm2023.pdf

• Estudios de José López Ossorio (psicólogo del Ministerio de Interior). https://www.researchgate.net/profile/Juan-Lopez-Ossorio

• Intimate partner violence perpetration and mental health service use in England: analysis of nationally representative survey data. https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/intimate-partner-violence-perpetration-and-mental-health-service-use-in-england-analysis-of-nationally-representative-survey-data/142732D03264D9CB11B0EDCFFB0D7FF0

• Investigating the true rate of physical intimate partner violence: A review of nationally representative surveys. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178912000146

• Mental Health Factors and Intimate Partner Violence Perpetration and Victimization: A Meta-Analysis. https://www.researchgate.net/publication/321115083_Mental_Health_Factors_and_Intimate_Partner_Violence_Perpetration_and_Victimization_A_Meta-Analysis

• Motivations for intimate partner violence in men and women arrested for domestic violence and court referred to batterer intervention programs. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4201052/#:~:text=Women

• SENTENCIA 59/2008, de 14 de mayo. https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6291

• SENTENCIA 45 /2009. https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6464

• Perceptions of Partner Violence: How Aggressor Gender, Masculinity/Femininity, and Victim Gender Influence Criminal Justice Decisions. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2015.1060815

• ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? https://elpais.com/politica/2017/07/08/actualidad/1499533272_517542.html

• Soto Ivars y el nacional-ginocentrismo. https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2025-11-22/espana-nacional-ginocentrismo-articulo-lora/

• Taxonomía de los homicidios de mujeres en las relaciones de pareja. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592018000200005

• To Kill or Not to Kill? That is the Question. A Separate Typology of Perpetrators of Femicide and Non-Lethal Aggressors in Spain, or a Single Group? https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-025-09652-x

• The impact of childhood adversity on female-perpetrated intimate partner violence in young adulthood. https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lcrp.12259

• The prevalence of intimate partner violence in Australia: a national survey. https://www.mja.com.au/journal/2025/222/9/prevalence-intimate-partner-violence-australia-national-survey#tbox5

• Un feminismo que también existe. https://elpais.com/diario/2006/03/18/opinion/1142636413_850215.html

• Violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes. https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/violencia-en-las-relaciones-de-pareja-entre-adolescentes

• When Intimate Partner Violence Meets Same Sex Couples: A Review of Same Sex Intimate Partner Violence. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6113571/

¿Quién iba a imaginarlo? Estados Unidos, el bastión tradicional del libre mercado, está adoptando políticas económicas más típicas de China. A principios de los 2000, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio se vendió como una victoria del capitalismo liberal: integrando a Pekín en la economía global, se suponía que se acercaría al modelo occidental de libre mercado y democracia. Sin embargo, dos décadas después ha ocurrido lo contrario: es Washington quien aplica recetas propias de Pekín.

El gobierno estadounidense ha comenzado a intervenir directamente en sectores estratégicos de la economía, algo impensable hace unos años. Por ejemplo, este año el Estado adquirió un 10% de las acciones de Intel (el gigante de semiconductores), una participación del 15% en MP Materials (la principal empresa de tierras raras de EEUU), garantizándole además un precio mínimo para sus productos; y una acción de oro en U.S. Steel. Esta creciente intervención del Estado se justifica con el argumento — cada vez más escuchado- de la “seguridad nacional”. China hoy domina más del 70% del procesamiento mundial de minerales raros, esenciales para tecnologías modernas, y Washington teme depender de su rival en estos insumos críticos. De este modo, surge una suerte de “capitalismo patriótico”. El gobierno invierte en empresas clave y orienta el mercado hacia fines geopolíticos, un enfoque que recuerda al capitalismo de Estado chino más que al laissez-faire que, al menos de boquita para fuera, decían defender los políticos americanos en las últimas décadas. El gobierno impone también restricciones a exportaciones sensibles e incluso exige a compañías tecnológicas estadounidenses, como Nvidia, pagos especiales si venden a China.

El giro hacia una estrategia industrial más intervencionista en Estados Unidos no comenzó con Donald Trump, sino que tuvo su primer impulso bajo la administración de Joe Biden, cuando se aprobaron la Ley de CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en 2022, con subvenciones y créditos fiscales estimados en cientos de miles de millones de dólares para impulsar la fabricación de semiconductores y tecnologías limpias. Estas políticas, aunque indirectas, marcaron el fin de décadas de rechazo al protagonismo estatal en la economía. Sin embargo, bajo Trump, este intervencionismo ha adquirido una forma más directa y agresiva. Figuras que antes criticaban el dirigismo estatal, como Scott Bessent, ahora desde el Tesoro justifican esta expansión como una respuesta necesaria frente a la competencia de China, considerada contraria a los principios del libre mercado. Así, Estados Unidos empieza a replicar esas herramientas — aunque con sello propio — con el objetivo de reindustrializar sectores clave como la defensa, la inteligencia artificial o los minerales críticos y reducir su dependencia externa.

China: luces y sombras del dirigismo estatal

China ha demostrado que su modelo de capitalismo de Estado puede producir resultados espectaculares a la hora de impulsar sectores estratégicos: gracias a una combinación de subsidios masivos, planificación centralizada, abundante crédito público y un sistema educativo que forma a excelentes ingenieros, ha alcanzado posiciones de liderazgo mundial en energías renovables, vehículos eléctricos, inteligencia artificial y manufacturas avanzadas. En 2024, instaló más capacidad solar que cualquier otro país en toda su historia, y empresas como BYD, SAIC o Huawei compiten de tú a tú con sus grandes rivales occidentales.

La expansión de las infraestructuras también ha sido formidable: China cuenta con la red de trenes de alta velocidad más extensa del mundo y ha construido aeropuertos, puertos y ciudades enteras en tiempo récord, demostrando una capacidad de ejecución difícil de igualar. Y lo más impresionante: desde 1980, 800 millones de personas han salido de la pobreza. ¡Casi tres de cada cuatro personas que han salido de la pobreza en todo el mundo!

Sin embargo, estos logros conviven con serias distorsiones. China enfrenta una “paradoja de la innovación”: a pesar del avance tecnológico, la productividad no mejora sustancialmente. Buena parte del crecimiento ha estado impulsado más por la acumulación de factores de producción (como el empleo y la inversión) que por mejoras en la eficiencia. El resultado es una economía cada vez más endeudada — con un pasivo total que ronda el 300% del PIB — y plagada de empresas ineficientes o “zombis” que sobreviven gracias al crédito barato.

Casos emblemáticos como el colapso de la promotora inmobiliaria Evergrande en 2023 ilustran cómo el modelo ha generado burbujas especulativas y sobreinversión, alentadas por incentivos perversos tanto en el sistema fiscal como en el político. (¿Nos suena de algo en España?)

El sistema fiscal chino incentiva la producción local: los gobiernos locales recaudan buena parte del IVA generado por las fábricas en su territorio (es decir, donde el bien o el servicio se produce, no donde se consume), lo que los lleva a competir agresivamente por atraer proyectos industriales. Como resultado, cuando Pekín declara una industria “estratégica”, decenas de regiones replican el mismo tipo de planta — ya sean de paneles solares, coches eléctricos o baterías — sin coordinación ni análisis de la demanda. Este fenómeno de “clústers industriales clonados” ha provocado una duplicación de capacidades productivas, una caída generalizada de los precios y márgenes de beneficio cada vez más estrechos.

Además, el sistema financiero público favorece proyectos físicos respaldados por el Estado (en infraestructura o manufacturas) sobre empresas privadas más innovadoras pero con más riesgo. Esta lógica de “construir a toda costa” ha fomentado una sobrecapacidad industrial que desencadena guerras de precios, margina a las pymes tecnológicas y termina debilitando tanto la inversión como el consumo interno. La presión para exportar el exceso de producción, combinada con los subsidios estatales, ha desatado tensiones internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto aranceles acusando a Pekín de prácticas desleales, agravando más la situación económica interna.

¿Capitalismo de Estado globalizado? Del péndulo liberal al regreso del Estado

El péndulo histórico ha vuelto a oscilar: de la ola privatizadora de los años 90 se ha pasado a una revalorización del papel del Estado como garante de estabilidad y motor de desarrollo. Este nuevo escenario configura un capitalismo de Estado globalizado, en el que los poderes públicos emplean herramientas financieras — como fondos soberanos, bancos de desarrollo y participaciones — para orientar la economía hacia objetivos políticos, tecnológicos o geoestratégicos.

El fenómeno tiene una base cuantitativa clara. Según el FMI, las empresas estatales representan ya el 20 % de las 2000 mayores del mundo, con activos conjuntos de unos 45 billones de dólares, equivalentes a casi la mitad del PIB global. La mayoría de este crecimiento proviene de mercados “emergentes” —como China, India, Rusia o los países del Golfo — , donde los Estados conservan un papel empresarial muy activo.

A la vez, los fondos soberanos se han multiplicado y expandido su influencia global. De apenas veinte a comienzos de los 2000 valorados en 1 billón de dólares, se ha pasado a unos 180 fondos en 2024, que gestionan más de 12 billones de dólares. Estos fondos invierten en infraestructuras, startups, energía, tecnología, bienes raíces o incluso deportes, a menudo con fines estratégicos: asegurar materias primas, diversificar ingresos en países que están haciendo una transición económica para dejar de depender del crudo o aumentar su influencia internacional.

Otro pilar de este capitalismo estatal lo constituyen los bancos públicos y bancos centrales, que desde la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020 han ampliado sus balances a niveles récord. Instituciones como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de China inyectaron billones de dólares en la economía mundial, comprando bonos públicos y privados para sostener la liquidez. En la práctica, nacionalizaron riesgos financieros a gran escala. Asimismo, actualmente existen más de 900 bancos públicos de desarrollo o inversión en todo el mundo, que funcionan como instrumentos anticíclicos, proporcionando crédito cuando la banca privada se retrae.

Por tanto, la pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después. Gobiernos de todo signo político intervinieron masivamente: pagaron las nóminas del sector privado, rescataron aerolíneas, garantizaron préstamos y crearon aseguradoras públicas para frenar pánicos bancarios. Los estímulos fiscales alcanzaron más del 20 % del PIB en algunos países y se produjo una expansión monetaria sin precedentes. El Estado se consolidó así como el garante de última instancia de las economías modernas.

Paralelamente, los Estados han reforzado sus mecanismos de protección nacional: más de cuarenta países han endurecido sus controles a la inversión extranjera y se han multiplicado las restricciones comerciales y los vetos tecnológicos. Esta tendencia está transformando la globalización: ya no se trata solo de abrir mercados, sino de moldear las reglas económicas según los intereses nacionales. Incluso la Unión Europea, tradicional defensora del libre comercio, ha comenzado a flexibilizar sus normas sobre ayudas de Estado para competir con las políticas industriales de Estados Unidos y China.

Ventajas y riesgos del retorno del Estado empresario

El renovado protagonismo estatal tiene ventajas difíciles de negar. La primera es que ha servido para evitar depresiones económicas. La rápida respuesta fiscal y monetaria durante la pandemia impidió un colapso al estilo de la Gran Depresión de 1930. En segundo lugar, permite orientar recursos masivamente hacia transiciones necesarias pero poco rentables a corto plazo, como la lucha contra el cambio climático o la digitalización de regiones rezagadas. En tercer lugar, da a los gobiernos herramientas para ganar independencia tecnológica y resiliencia. Al subvencionar semiconductores o vacunas, o al invertir en minerales críticos, están asegurando capacidades internas que de otro modo quedarían en manos de potencias rivales. Es decir, el capitalismo de Estado puede servir para corregir fallos de mercado de tipo estratégico: mercados que no valoran adecuadamente la seguridad nacional, la soberanía energética o la preparación ante riesgos futuros.

Otro punto a favor es que un Estado inversor puede asumir riesgos que el sector privado evita, actuando como “capital paciente” o socio fundador en industrias nacientes. Modelos bien gestionados muestran que la intervención pública puede catalizar innovación y crecimiento donde el sector privado solo no se atreve. Asimismo, cuando el Estado tiene participación accionaria, puede beneficiarse de retornos financieros si la empresa o entidades financieras prosperan, reinvirtiéndolos luego en programas públicos. Noruega, por ejemplo, convirtió sus ingresos petroleros en un fondo soberano que hoy es dueño de aproximadamente el 1,5% de todas las acciones globales, cuyas ganancias benefician a sus ciudadanos. En resumen, el Estado empresario puede ser un colchón para la ciudadanía en épocas de vacas flacas y un acelerador en proyectos de interés público a largo plazo.

No obstante, este giro conlleva también riesgos y desventajas significativas. La principal crítica es el peligro del derrape hacia el crony capitalism o capitalismo de amiguetes. Cuando los gobiernos llevan a cabo acuerdos o rescates ad hoc con empresas específicas, existe la tentación de favorecer a actores políticamente cercanos o con buenos lobbies, distorsionando la competencia. La politización de la toma de decisiones empresariales es inherentemente corrosiva: las compañías dejan de enfocarse en crear valor para los clientes y pasan a agradar al político de turno. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que el estilo negociador de Trump –interviniendo empresa por empresa– ha desatado una avalancha de lobbying en Washington. Cada sector busca exenciones arancelarias o subsidios especiales para sí. Esto beneficia a las corporaciones grandes y bien conectadas, que pueden pagar cabilderos y obtener reuniones con altos funcionarios, mientras las startups y pymes quedan relegadas. A la larga, la “discrecionalidad” estatal tiende a anquilosar la economía, frenando la destrucción creativa: los peces gordos se vuelven intocables (porque están protegidos por el Estado) y las empresas de nueva creación lo tienen más difícil para destronarlos.

Otro riesgo es la ineficiencia en la asignación de recursos. El sector público puede perseguir objetivos loables, pero no enfrenta el mismo escrutinio de mercado que el privado. Sin la disciplina de los beneficios y pérdidas, existe el peligro de derrochar fondos del contribuyente en proyectos mal concebidos o empresas inviables. El FMI señala que, en promedio, las empresas estatales son aproximadamente un tercio menos productivas que las empresas privadas comparables, a menudo debido a una mala gobernanza y a la corrupción. Cuando el Estado se hace accionista, además, tiene incentivos políticos para seguir apoyando a esa empresa a posteriori para que no quiebre (lo que sería visto como un fracaso político). Esto puede llevar a una espiral de subsidios perpetuos: “hemos invertido dinero público en Intel, ahora debemos asegurar su éxito presionando a otras empresas a comprar sus chips”, sería un ejemplo hipotético. Así, el criterio económico cede ante el criterio político y se corre el riesgo de terminar con “campeones nacionales” ineficientes sostenidos artificialmente. Varias economías europeas vivieron esta situación en el pasado con compañías estatales que requerían rescates recurrentes (por ejemplo, las siderúrgicas o las aerolíneas públicas deficitarias en los 70–80). El propio éxito de algunas intervenciones actuales podría sembrar las semillas de futuros fracasos si se convierten en precedentes inamovibles.

Un tercer problema potencial es el impacto fiscal. Sostener un capitalismo de Estado ambicioso es caro. Los subsidios verdes, las compras de participaciones empresariales, los rescates financieros… todo ello cuesta dinero que sale de deuda pública o impuestos. En un contexto de elevadas deudas soberanas tras la pandemia, algunos economistas temen que la acumulación de compromisos estatales acabe pasando factura a las finanzas públicas o a la inflación. Si los gobiernos se vuelven demasiado intervencionistas y garantistas, podríamos enfrentar crisis de deuda o tener que recortar bruscamente gastos en el futuro. Además, la protección de industrias nacionales mediante subsidios y aranceles puede elevar el coste para los consumidores domésticos (al limitar la competencia) y generar represalias comerciales internacionales, perjudicando las exportaciones de otros sectores. Una “guerra de subsidios” global (EE.UU. vs UE vs China) podría fragmentar aún más el comercio mundial y reducir la eficiencia global.

En el plano político, el riesgo es que el poder estatal reforzado pueda derivar en tentaciones autoritarias. Si el Gobierno se acostumbra a tener mucho control sobre la economía, podría usar ese poder para castigar a adversarios políticos o beneficiar a sus aliados. El ejemplo paradigmático en la actualidad es el gobierno de Trump. Otro problema es la falta de transparencia. Estados Unidos parece copiar también ahí a China: mientras que en Pekín la publicación de la tasa de desempleo juvenil fue suspendida tras alcanzar un récord de más del 20 % en junio de 2023; en EEUU, Trump despidió a la responsable de las estadísticas de empleo pocas horas después de que un informe reportara resultados muy inferiores a lo esperado.

De igual modo, en países con instituciones débiles, un Estado empresario fuerte suele ir de la mano de la corrupción y del nepotismo: contratos públicos amañados, fondos soberanos opacos, uso de empresas estatales para fines clientelares (¿Os sueno de algo, mis queridos españoles?). Es decir, sin transparencia ni contrapesos, el capitalismo de Estado puede degenerar en un capitalismo clientelista, menos dinámico e incluso menos justo que el capitalismo de libre mercado que pretendía corregir.

Nos encontramos, pues, tal vez en un punto de inflexión. El capitalismo de Estado del siglo XXI tiene diferentes versiones: la versión pragmática-nacionalista de Trump, la versión tecnocrática-verde de Biden/UE, la versión desarrollista-autoritaria de China o las variantes de economías asiáticas con sus fondos soberanos (piénsese en las monarquías del Golfo o en Singapur, donde Temasek actúa como mega-inversor público). Todas comparten la noción de que el Estado debe ejercer un rol más activo a la hora de dirigir el rumbo económico, ya sea para proteger la llamada “seguridad nacional”, para acelerar la transición ecológica o para reducir desigualdades regionales.

En última instancia, la historia nos enseña que ni el laissez-faire desenfrenado ni el estatismo absoluto funcionan bien por mucho tiempo. El desafío de esta nueva era será aprovechar la musculatura del Estado sin asfixiar el talento del mercado. Encontrar ese punto medio –un Estado árbitro e inversor efectivo, no tentacular y corrupto– será clave para definir la prosperidad y estabilidad del siglo XXI. Por ahora, lo único claro es que la mano visible del Estado ha regresado con fuerza a la economía mundial y que China ha sido, en gran medida, quien ha trazado el camino.

Lecturas interesantes

• Carnegie Endowment. The Relationship Between Chinese Debt and China’s Trade Surplus. https://carnegieendowment.org/posts/2025/02/the-relationship-between-chinese-debt-and-chinas-trade-surplus?lang=en

• China’s Innovation Paradox. https://www.ft.com/content/b44458cc-03fd-46a1-b003-b7a097419e66

• Gillian Tett. America’s new patriotic capitalism. https://www.ft.com/content/830ee74d-6a6f-4c30-adda-3897750b015c

• Kaiser Kuo. The Great Reckoning What the West Should Learn From China. https://www.theideasletter.org/essay/the-great-reckoning/

• Le Grand Continent. El capitalismo de Estado. https://legrandcontinent.eu/es/2025/05/23/el-capitalismo-de-estado-globalizado-definir-la-era-de-los-fondos-soberanos/#:~:text=El%20Estado%20desempe%C3%B1a%20ahora%20un,que%20posee%20y%20acumula%20capital

• Lizzie C. Lee. China’s Fatal Flaw. https://www.foreignaffairs.com/china/china-models-fatal-flaw-lizzi-lee

En los últimos años, muchos gobiernos occidentales han perdido el miedo a gastar y a endeudarse. Tanto los bancos centrales como los políticos han aprendido que, cuando las cosas van mal, pueden inundar la economía con dinero público y deuda para evitar recesiones profundas. Esta estrategia ha funcionado en el corto plazo: la economía mundial volvió a crecer tras el COVID y el paro estar en mínimos históricos en muchos países. En plena incertidumbre geopolítica (especialmente, debido a guerras y tensiones comerciales), los mercados financieros siguieron en máximos históricos.

Pero esta resiliencia tiene un precio cada vez más alto. The Economist bautizó este fenómeno como “capitalismo teflón”: un sistema que resiste los shocks, pero a costa de acumular más deuda y depender crecientemente del Estado. Hoy los gobiernos amortiguan cualquier caída con estímulos fiscales o monetarios. ¿El resultado? Se posponen las crisis, sí, pero los desequilibrios se agrandan. Los inversores han interiorizado la expectativa de rescate continuo. Cada caída de mercados es vista como una oportunidad de compra (“buy the dip”), confiando en que si hay problemas, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo intervendrán.

Esta falta de miedo tiene consecuencias peligrosas. Como advertía The Economist, los desequilibrios estructurales no se resuelven, los ajustes dolorosos se posponen y se infla una peligrosa burbuja de confianza. Llegará un momento en que un shock no pueda ser contenido con liquidez o gasto público y entonces la corrección podría ser súbita y severa.

Europa envejece… y muchos Estados gastan sin freno

A este panorama global se suma en Europa el envejecimiento de la población. La pirámide poblacional se invierte: hay cada vez más jubilados y menos trabajadores jóvenes. Esto condiciona por completo la política económica europea, especialmente el gasto público. Los gobiernos, dependientes del voto de esas cohortes de jubilados, destinan cada vez más recursos a pensiones; aunque eso suponga sacrificar inversión a largo plazo o aumentar la deuda.

Francia es el ejemplo paradigmático. Su gasto público total ya ronda el 57% del PIB y el déficit supera el 5–6%. Cada intento de reformar las pensiones allí termina en protestas masivas (lo vimos en 2023 con la subida de la edad de jubilación de 62 a 64 años y cada vez que se intenta aprobar un presupuesto). En el Reino Unido existe el llamado “triple lock” de las pensiones públicas, un mecanismo que garantiza que las prestaciones aumenten cada año según el mayor valor entre la inflación, el crecimiento de los salarios o un mínimo del 2,5 %. Esto hace que los pensionistas británicos vivan cada vez mejor y se invierta menos en otras partidas de gasto.

¿Qué decir de España? Según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, España será de los países más afectados por el envejecimiento en las próximas décadas. El gasto en pensiones, actualmente en torno al 13% del PIB, subirá hasta entre un 15% y un 17% del PIB en 2050. Y hay un dato más preocupante: las cotizaciones sociales de los trabajadores sólo cubren el 70% del coste de las pensiones, el resto sale ya de impuestos generales. Es decir, el sistema se sostiene, pero a base de crecientes transferencias del Estado. De hecho, según el último informe anual de finanzas públicas de la Comisión, España tendrá que destinar el 46% de todos sus ingresos fiscales (impuestos + cotizaciones) al pago de pensiones en 2050. Ningún otro país europeo afronta un salto así. El siguiente sería Portugal, con cerca del 40% de sus ingresos destinados a pensiones. La media de la UE se sitúa en el 30%.

Además, España tiene la tasa de sustitución más alta de Europa: un jubilado en España recibe de media una pensión inicial equivalente al 77% de su último salario (para toda la UE la media se encuentra en torno al 58%). Además, De acuerdo con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y tras la reforma de pensiones de 2021–2023, un jubilado en España percibirá a lo largo de su vida aproximadamente 1,6 euros por cada euro aportado en cotizaciones lo que equivale a una rentabilidad actuarial cercana al 60 % superior al total cotizado (se actualizan los flujos de cotizaciones y pensiones con el IPC y el crecimiento del PIB). En definitiva, si no se reforman los ingresos (más impuestos) o el gasto (menos prestaciones), habrá que recortar otras partidas esenciales. El desvío de recursos hacia pensiones reducirá el margen también en otras áreas: la educación, el I+D, la defensa o la vivienda quedarían estrangulados para poder pagar las jubilaciones de la generación boomer.

El problema es, por tanto, político. Los jubilados actuales votan más (y cada vez son más) y ningún gobierno quiere enfadarlos. Mientras tanto, las edades de jubilación apenas han subido en comparación con el aumento de la esperanza de vida: en 1970 un hombre pasaba una sexta parte de su vida jubilado; hoy, cerca de una cuarta parte. Cada intento de corregir esto desata protestas masivas. Y algo aún más llamativo: muchos jóvenes no se rebelan por ahora contra el status quo. Al contrario. Salen también a la calle a protestar contra esas reformas. Muy altruista — he de decir — por su parte.

Estados Unidos: la fiesta de la liquidez

Al otro lado del Atlántico, la situación fiscal no es mucho mejor. Estados Unidos tiene un déficit fiscal cercano al 7% del PIB. La deuda federal supera ya el 120% del PIB. En el periodo 2024–2034, se estima que los intereses se convertirán en la tercera mayor partida del presupuesto federal, sólo por detrás de la Seguridad Social y Medicare. De hecho, Estados Unidos gasta ya más en pagar intereses de su deuda que en defensa o Medicaid. Casi 1 de cada 5 dólares recaudados por impuestos se va sólo a intereses.

¿Y qué hay del grueso del presupuesto estadounidense? Las prestaciones sociales automáticas se disparan. En conjunto, el gasto en seguridad social y sanidad ya absorben cerca de la mitad del gasto federal y seguirán al alza a medida que la población envejece. Cabe añadir que otro de los grandes desafíos de Estados Unidos es el elevado coste de su sistema sanitario, aunque ese tema merece un análisis propio.

A su vez, los mercados financieros estadounidenses han vivido una especie de “fiesta de la liquidez” en los últimos años. La enorme emisión de dinero y estímulos durante la pandemia dejó un legado de exceso de liquidez: se estima que los estadounidenses acumulaban en 2025 más de 7 billones de dólares en fondos monetarios y otros depósitos. Resultado: el oro y las acciones subieron al mismo tiempo –algo inusual–, reflejando que hay una avalancha de liquidez buscando rendimientos tanto en “activos refugio” (como el oro o la plata) como en la bolsa.

Además, muchos inversores están convencidos de que, si surge cualquier problema serio, el Estado saldrá al rescate (como hizo en 2020 o tras la minicrisis bancaria de 2023). Esta sensación de red de seguridad permanente fomenta una toma de riesgos excesiva e infla los precios de los activos.

La economía americana se ha vuelto adicta a la liquidez fácil. Pero bajo esa euforia subyacen vulnerabilidades serias, desde la montaña de deuda pública impagable sin refinanciación continua, hasta valoraciones difíciles de justificar si los tipos reales se mantienen elevados.

El mito del crecimiento y de la migración como salvación

Ante estos problemas fiscales y de deuda, muchos políticos invocan un remedio cómodo: “ya creceremos y así reduciremos la carga de deuda”. Es el eterno mantra: si el PIB sube, la ratio deuda/PIB baja sola, incluso manteniendo déficits. ¿No podríamos simplemente crecer más (vía productividad, vía inmigración) para que la deuda sea sostenible? Lamentablemente, esta aritmética optimista tiene límites muy serios en la actualidad.

Por un lado, la inmigración, que a menudo se propone para rejuvenecer sociedades, puede aliviar el envejecimiento pero no revertirlo completamente (cabe recordar también que las tasas de natalidad están cayendo globalmente). Habría que atraer cantidades masivas de inmigrantes jóvenes cada año para sostener la pirámide poblacional, algo política y socialmente inviable en la mayoría de países dada la oposición actual. Además, el beneficio fiscal neto de la inmigración depende de la cualificación: un inmigrante altamente educado es normalmente un contribuyente neto, mientras que uno con baja educación aporta mucho menos e incluso puede convertirse en un receptor neto, como ilustran los datos de Dinamarca (que, aunque están agrupados por región geográfica, señalan esta tendencia). Además, Europa recibe en general migrantes de cualificación más baja que, digamos, Canadá o Australia. Por su parte, en Estados Unidos, un estudio estimó que un inmigrante con título universitario aporta 2,3 millones de dólares netos al fisco a lo largo de su vida, pero uno sin secundaria apenas 15.000 dólares. La inmigración no es una panacea: los inmigrantes también envejecen con el tiempo y si no se integran bien en empleos de alta productividad, su contribución fiscal es limitada.

Tampoco la productividad es la varita mágica que algunos suponen. En teoría, aumentos de productividad elevan el crecimiento económico, lo que mejora los ingresos públicos. Pero en la práctica, si sube la productividad también suben los salarios y en muchos países las pensiones están indexadas a los salarios. O sea, el gasto crece de la mano de los ingresos, anulando parte del alivio fiscal. Peor aún, el crecimiento acelerado puede traer consigo tipos de interés reales más altos, encareciendo el coste de la deuda. Es decir, más crecimiento puede significar deuda más cara de financiar.

En definitiva, la estrategia de salir de la deuda únicamente con crecimiento tiene rendimientos decrecientes. La inmigración y la productividad pueden ser fundamentales para la vitalidad económica a largo plazo, pero no resolverán por sí solas el desequilibrio fiscal si las tendencias demográficas y de gasto obligatorio apuntan en la dirección opuesta. Si no se hacen ajustes fiscales explícitos (reduciendo prestaciones o subiendo ingresos), la dinámica de deuda pública seguirá deteriorándose. Es más, el propio crecimiento puede volverse víctima de la deuda: a medida que más recursos van al pago de intereses o pensiones, menos queda para invertir en educación, innovación o infraestructuras, mermando el potencial de crecimiento futuro.

Alumnos ejemplares que resistieron a la tentación de sumarse a la fiesta

¿Significa todo esto que estamos condenados a la deriva? No necesariamente. Algunos países lograron romper el ciclo de endeudamiento creciente y construir consensos fiscales sólidos. En los años 90 y 2000, países como Nueva Zelanda, los países nórdicos o Suiza hicieron reformas ejemplares que les permitieron reducir su deuda o mantenerla controlada incluso ante shocks.

Suecia, por ejemplo, introdujo a finales de los 90 un techo de gasto plurianual y una regla de superávit estructural que obliga a mantener finanzas públicas equilibradas a lo largo del ciclo económico (algo impensable ahora mismo en España…). Esto obligó a ahorrar en épocas de bonanza para tener margen en crisis. De hecho, Suecia pasó de una deuda de casi el 70% del PIB en 1995 al 33,5% del PIB en 2024, sin sacrificar su estado de bienestar. Suiza aprobó en referéndum en 2003 su famoso “freno de la deuda”, con el 85% de votos a favor: un consenso social abrumador. Esa regla obliga a equilibrar el presupuesto federal a lo largo del ciclo económico y establece un mecanismo estricto para no gastar más de lo ingresado en promedio. ¿El resultado? La deuda suiza bajó de casi un 60% del PIB en 2003 a un 37% en 2024.

Un factor común en estos éxitos es que acompañaron las reglas con instituciones fuertes y reformas estructurales.

En Suecia, la gran reforma de las pensiones de los años noventa transformó por completo el sistema de jubilación tradicional y lo convirtió en un modelo mixto y flexible. El nuevo modelo combinó varios pilares:

• En primer lugar, las cuentas individuales “nocionales”, que registran de manera virtual lo que cada trabajador aporta a lo largo de su vida laboral. Aunque no existe un fondo físico detrás de esas cuentas, su saldo se actualiza según el crecimiento de la economía y la pensión final depende directamente de lo cotizado.

• En segundo lugar, se introdujo un componente parcialmente capitalizado, con aportaciones que se invierten en fondos reales para generar rendimientos futuros.

• Y, como tercer pilar, se crearon los fondos de reserva públicos (los AP Funds ), que actúan como colchón financiero para estabilizar el sistema cuando los ingresos por cotizaciones son insuficientes.

Estos fondos se gestionan con plena independencia política, invierten en los mercados globales y acumulan activos equivalentes de más del 100 % del PIB sueco. Además, el sistema incluye un mecanismo automático de equilibrio: si la economía se ralentiza o la esperanza de vida aumenta más de lo previsto, las prestaciones y las cotizaciones se ajustan de forma gradual para mantener el equilibrio financiero.

A la inversa, los sistemas políticos más polarizados, como Estados Unidos, España o el Reino Unido, tienden a usar la deuda como arma partidista. En la primera potencia económica, cada gobierno de distinto signo revierte las medidas fiscales del anterior: los republicanos bajan impuestos sin recortar el gasto (disparando el déficit) y los demócratas aumentan el gasto social sin subir los impuestos suficientemente, ambos confiando en que “ya otro se ocupará de la deuda”.

Hacia un nuevo contrato social

En última instancia, el debate sobre la deuda pública no es solo técnico: es moral y político. Obliga a decidir qué tipo de sociedad queremos ser, cómo repartimos el esfuerzo fiscal y qué entendemos por equidad entre generaciones. Durante años nos hemos acostumbrado a políticos prometiendo mucho porque el día de mañana será otro el que haga los ajustes: disfrutamos de servicios y prestaciones sin ingresar lo suficiente para financiarlos y dejamos que la diferencia se acumule como deuda. Esa “ilusión fiscal” traslada dichos costes al futuro y, de facto, pide a los jóvenes que sostengan un gasto cada vez más generoso y crecientemente orientado hacia los mayores.

La pregunta de fondo, como recuerdan los últimos Nobel de Economía, no es solo cuánto gastamos, sino qué priorizamos. ¿Queremos una economía abierta a la destrucción creativa, que favorezca la innovación, la reasignación de recursos y el crecimiento de largo plazo, o preferimos un modelo que protege el status quo y se estanca lentamente? En Europa, optar por lo primero exige profundizar de verdad el mercado único, derribando las barreras de acceso nacionales (que según el FMI equivalen básicamente a un gravamen ad valorem del 45% para los bienes y un 110% para los servicios), y cambiar el reflejo regulatorio defensivo por otro orientado a crear: menos microrregulación que asfixia la entrada de nuevas empresas y la competencia, y más reglas flexibles que incentiven que las compañías del siglo XXI nazcan y crezcan aquí en lugar de consumir lo que inventan otros.

¿Qué hacer, entonces? A largo plazo, desde mi punto de vista (con la única certeza de que siempre puedo estar equivocada), sólo parecer existir una salida posible: combinar una cultura de crecimiento económico con otra de responsabilidad fiscal. Eso implica impulsar la productividad, pero también tomar decisiones impopulares para alinear ingresos y gastos, de modo que la deuda no crezca por encima del PIB. Los países que lo lograron lo hicieron cuando todavía existía un consenso que permitía pensar más allá del próximo ciclo electoral. Tras las crisis de los años noventa, aceptaron reglas fiscales creíbles y reformas exigentes para “arreglar el tejado cuando no llueve”. Hoy, muchas democracias tienen más difícil avanzar hacia ese esfuerzo preventivo: la polarización, el populismo y el cortoplacismo han elevado el coste político de cualquier ajuste. Precisamente por eso conviene anclar el debate en principios sencillos: transparencia sobre los costes reales de las políticas para al menos poder tener debates más honestos.

En España, se ha comprobado cómo la transparencia fiscal influye directamente en la movilización ciudadana. Los trabajadores autónomos, que son los únicos que ven reflejadas de forma íntegra sus cotizaciones a la Seguridad Social, han protestado contra las subidas (eso sí, no deberían esperar luego pensiones públicas muy generosas). En cambio, los asalariados apenas perciben el verdadero coste del sistema, ya que la mayoría de sus contribuciones son abonadas por sus empresas y no figuran en su nómina. Tampoco sería descabellado exigir que el Gobierno publique con claridad qué parte del IRPF (el impuesto sobre la renta en España) se destina hoy a cubrir el déficit de las pensiones contributivas, un dato que permitiría dimensionar mejor el esfuerzo intergeneracional.

Una mayor transparencia fiscal nos permitiría tener debates más realistas sobre lo que es posible. Quizá sea inocente. Soñar, por lo menos, es gratis.

Recomendaciones de lectura

• El último informe especial de The Economist aborda todas estas cuestiones y lo he utilizado en gran medida para escribir esta entrada. “Governments going broke”. https://www.economist.com/special-report/2025-10-18

• Los artículos de Tej Parikh en el Financial Times, sobre todo para un análisis de la economía americana. https://www.ft.com/tej-parikh

• Suelo leer también los artículos de Capital Economics para entender las grandes tendencias económicas actuales. https://www.capitaleconomics.com/resources-hub

• El informe europeo “Ageing Report”, que aborda el reto de las pensiones. https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/971dd209-41c2-425d-94f8-e3c3c3459af9_en?filename=ip279_en.pdf

• Los análisis de Judith Arnal suelen ser muy buenos para entender los retos económicos de Europa. https://www.realinstitutoelcano.org/biografias/judith-arnal/ O el blog del economista Luis Garicano: https://substack.com/@luisgaricano

• Si eres español, los informes de AiReF y FEDEA sobre pensiones son muy buenos. Como este: https://fedea.net/el-impacto-de-la-reforma-de-pensiones-de-2021-23/ O este: https://fedea.net/transicion-hacia-un-sistema-de-pensiones-de-cuentas-nocionales-en-espana-fundamentos-diseno-e-impacto/

El otro día estaba jugando con tres amigas a uno de esos juegos de cartas tontos en los que te preguntan: “¿En qué circunstancias tendrías seis hijos?”. Nos miramos y, casi al unísono, respondimos: “¿Nunca?”.

Hace sesenta años, mi abuela paterna, que tenía mi misma edad (29 años), se preparaba para tener a su quinto hijo, después de haber sufrido tres abortos espontáneos. Mi abuela materna probablemente ya iba camino de tener el noveno.

Cuando mi madre tenía mi edad, acababa de casarse y estaba a punto de tener su primer hijo. Terminó teniendo dos: el «punto dulce» de la generación del baby boom. Entre mis amigos late millennials, el cambio ha sido aún más drástico: solo tengo una amiga cercana que está embarazada y el resto intenta posponer la maternidad todo lo posible.

A escala mundial, las tasas de fecundidad han caído por debajo del nivel de reemplazo, situado en torno a 2,1 hijos por mujer. África subsahariana es la principal excepción, aunque sus tasas también están descendiendo.

¿Qué ha cambiado de forma tan radical en tan poco tiempo? La respuesta de mi abuela es sencilla: “Era simplemente así”. Te casabas en cuanto alcanzabas la edad adulta, a menudo con el primer hombre que te cortejaba. El acceso a los anticonceptivos era prácticamente inexistente.

El matrimonio era, ante todo, una cuestión práctica: el sexo implicaba el riesgo de tener hijos y el matrimonio ofrecía seguridad económica. No es que algunas parejas no intentaran limitar el número de hijos mediante métodos como el llamado método Ogino, basado en el seguimiento del ciclo menstrual para evitar el embarazo, pero eso no impedía que la cigüeña volviera a aparecer.

La propia vida cotidiana hacía que ciertas cosas fueran casi inevitables. Las tareas domésticas requerían mucho más tiempo en una época en la que las lavadoras y los frigoríficos seguían siendo bienes de lujo en buena parte del mundo, incluida España. Alguien — casi siempre la mujer — tenía que dedicarse por completo a llevar la casa, y cada hijo suponía, sencillamente, más trabajo. No se trataba únicamente del machismo tal y como lo entendemos hoy, sino también de una división del trabajo que, dadas aquellas condiciones, era necesaria para que el hogar funcionara.

La mentalidad cultural también era diferente. El individualismo y el ideal de realización personal aún no habían desplazado los valores comunitarios moldeados por la tradición católica. Las relaciones se entendían menos como una vía hacia dicha realización y más como compromisos basados en responsabilidades compartidas.

A medida que más mujeres se incorporaron al mercado laboral, las expectativas empezaron a cambiar. Se esperaba que los hombres asumieran una parte cada vez mayor de las tareas domésticas, lo que fue erosionando poco a poco la antigua división de roles dentro del hogar. Al mismo tiempo, muchas mujeres empezaron a posponer la maternidad para avanzar en sus carreras, pero también eran más propensas a sufrir importantes costes económicos y profesionales cuando finalmente tenían hijos, ya que la maternidad podía suponer un lastre considerable para sus trayectorias laborales.

Paralelamente, el descenso de la religiosidad y la menor asistencia a la iglesia fueron debilitando el papel del matrimonio como eje de la vida social. El divorcio, antes impensable, pasó a ser simplemente una posibilidad más. Esta sensación generalizada de que las relaciones son más frágiles y reversibles también se refleja en las parejas actuales.

La urbanización también ha desempeñado un papel importante. En las zonas rurales, el cuidado de los niños era una responsabilidad compartida por toda la comunidad. Realmente, «hacía falta una aldea para criar a un niño». Uno de mis recuerdos más vívidos de la región de Kolda, en Senegal, es el de los niños pequeños deambulando libremente, sin que ningún adulto los vigilara de cerca.

En las ciudades modernas, el cuidado de los niños se ha vuelto más individualizado… y también más paranoico. Las familias dependen de los abuelos, los vecinos, las guarderías o el servicio doméstico, mientras que los espacios públicos son, en general, menos acogedores para los niños. La preocupación por la seguridad y la aparición de los llamados «padres helicóptero», junto con una mayor conciencia sobre los derechos de los niños y sus necesidades psicológicas, han transformado nuestra manera de entender la crianza. Estos cambios son positivos en muchos aspectos — y no tanto en otros — , pero también han contribuido a que criar hijos sea una tarea cada vez más exigente.

Las expectativas económicas también han cambiado drásticamente. Hoy en día, criar a un hijo se percibe menos como cumplir una etapa inevitable de la vida y más como embarcarse en un proyecto de inversión a largo plazo y de alto riesgo. Simplemente hay más cosas que comprar, más gastos en educación y actividades extracurriculares y, con ello, períodos más largos de dependencia económica. En las economías agrarias, los hijos eran una forma de seguro de vida: manos extra para trabajar la tierra y una garantía de cuidados en la vejez. Ahora, en una era de mayor riqueza y en la que el Estado del bienestar promete (por ahora) pensiones y atención a los mayores, el flujo de recursos se ha invertido: son los padres quienes invierten en sus hijos.

Las presiones económicas también cuentan, desde el aumento del coste de la vivienda en las grandes ciudades hasta la precariedad laboral. Pero los verdaderos motores del cambio se encuentran en las transformaciones culturales y, por cursi que suene, en cuestiones relacionadas con el amor y el deseo. Por primera vez en la historia, los avances médicos y los cambios sociales nos han dado un control sin precedentes sobre nuestra reproducción. Y ahora podemos hacernos preguntas que antes ni siquiera se planteaban: ¿Quiero tener pareja? ¿Es esta la persona adecuada para mí? Si tengo pareja, ¿queremos tener hijos? ¿Cuántos? ¿Cómo afectará eso a mi carrera? ¿Estoy dispuesta a asumir esos sacrificios? ¿O sería igual de feliz sin hijos? Mis abuelos ni siquiera habrían concebido la posibilidad de hacerse estas preguntas.

Una mayor libertad personal también pone de manifiesto las contradicciones entre lo que decimos que queremos y aquello a lo que realmente estamos dispuestos a renunciar.

Las mujeres, en particular, tienen ahora la posibilidad de preguntarse si realmente quieren asumir el papel de cuidadoras o si prefieren dedicar su tiempo y energía a otros aspectos de la vida. Muchas rechazan la idea de que sean ellas quienes tengan que poner en pausa sus carreras y ambiciones. En lugares como Corea del Sur, la modernización económica no ha conseguido desmantelar las expectativas tradicionales de género, y muchas mujeres han optado por rechazar esos roles por completo, permaneciendo solteras y sin hijos.

Pero no se trata solo de eso. Finlandia, conocida por sus generosas bajas por maternidad y paternidad, su sistema universal de guarderías y sus elevados niveles de igualdad de género, ha visto caer su tasa de fecundidad hasta 1,25, en gran medida debido al aumento del número de personas que no tienen hijos. Como señala la demógrafa finlandesa Anna Rotkirch, tener hijos ha pasado de ser un pilar de la vida adulta a convertirse en una especie de «culminación» que se reserva para cuando todo lo demás — la carrera profesional, la vivienda, la pareja y la realización personal — está en orden. Y si esas condiciones nunca terminan de darse, sencillamente no se tienen hijos. Entre los millennials, evitar la incertidumbre a menudo significa evitar también la maternidad y la paternidad.

Como consecuencia de este aplazamiento, unido al descenso de los embarazos adolescentes y no planificados, las mujeres que tienen hijos tienden a hacerlo más tarde, generalmente durante la treintena, y dos hijos se han convertido en el tamaño de familia más habitual.

Lo llamativo es lo universal que se ha vuelto esta tendencia.

Observad la fuerte caída en Tailandia (en 2025, se estima que es todavía más baja, entorno al 0.91):

O Birmania:

Esto sugiere que, como sostiene el demógrafo Nicholas Eberstadt, estos patrones cuestionan la antigua suposición de que las personas están biológicamente programadas para reemplazarse a sí mismas. Recurre a la teoría mimética, que enfatiza el poder de la imitación en el comportamiento humano, para explicar cómo el aprendizaje social moldea incluso las decisiones más íntimas. Cuando menos personas a nuestro alrededor tienen hijos, especialmente familias numerosas, la paternidad en sí misma se vuelve menos común en nuestro imaginario social.

De este modo, el manido argumento de que las tasas de fertilidad deben alcanzar el 2,1 para sostener los sistemas de pensiones o mantener la innovación en nuestras economías probablemente no convencerá a las generaciones más jóvenes. Son ellas quienes están pagando la factura de los crecientes costes de pensiones y sanidad, a menudo a expensas de su propia capacidad para acceder a una vivienda.

Los llamamientos transaccionales no inspiran; más bien generan resentimiento. “Tengan hijos para mantener a flote el sistema de pensiones” es difícilmente un grito de guerra. Una narrativa más persuasiva podría centrarse en lo que la vida en familia puede ofrecer con todos sus claroscuros, en esas cosas que solemos dar por sentadas cuando estamos rodeados de nuestros seres queridos y en una mirada optimista sobre el futuro.

Tal vez nuestro compromiso con la libertad individual haya tenido, sencillamente, demasiado éxito. Y quizá, del mismo modo que el economista del siglo XVIII Thomas Malthus advirtió en su día de que un crecimiento demográfico descontrolado acabaría teniendo consecuencias catastróficas, las actuales predicciones apocalípticas sobre el descenso de la natalidad terminen resultando, con el tiempo, igual de exageradas.

¿Y qué puedo decir? Prefiero un mundo con menos niños, pero mejor alimentados, más sanos y mejor cuidados, que uno con más niños simplemente por el hecho de tenerlos. No olvidemos, además, que este descenso es también consecuencia de transformaciones positivas: menos nacimientos no deseados, un fuerte descenso de los embarazos infantiles y adolescentes, una menor mortalidad infantil, una mayor libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad y avances significativos en educación y sanidad.

De entre las cenizas de una Europa destrozada por la guerra y los peores horrores imaginables, surgió el proyecto europeo. En 1950, la Declaración Schuman propuso someter la producción franco-alemana de carbón y acero a una Alta Autoridad común. La idea era clara: al integrar las industrias clave que sustentaban el poder militar y económico, se haría la guerra materialmente imposible. Este fue el embrión de la integración europea: un proyecto nacido de las élites, con una lógica económica inicial y una finalidad profundamente política, asegurar la paz.

En aquel momento, no podía ser de otra manera. Europa estaba devastada, con millones de desplazados, violencia persistente incluso tras el alto al fuego (como en la guerra civil griega o la expulsión de alemanes de Europa del Este) y una población agotada y empobrecida. No se puede dar por sentado, por tanto, el éxito que supuso superar enemistades históricas, abandonar la lógica de suma cero y construir una comunidad de interés mutuo.

Hoy, sin embargo, parece faltar esa visión estratégica a largo plazo. En un contexto de profundas transformaciones geopolíticas, la Unión Europea da señales de haber perdido impulso estratégico y capacidad de respuesta frente a los grandes desafíos globales. En lugar de anticiparse, actúa de forma fragmentada y, con frecuencia, reactiva, especialmente frente a Estados Unidos. En los últimos meses, ha cedido reiteradamente ante las presiones de Donald Trump, tanto en el ámbito militar como en el económico, en una preocupante deriva hacia la subordinación.

En primer lugar, la UE aceptó sin apenas debate la propuesta de elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB para 2035, una cifra que ni siquiera Estados Unidos alcanza actualmente. Por tanto, se ha aceptado como una promesa vacía porque Trump ya no estará para entonces.

En segundo lugar, el Viejo Continente ha asumido su narrativa sobre el comercio transatlántico con escaso espíritu crítico, plegándose tanto a la imposición de aranceles como a un acuerdo de compras energéticas difícilmente realizable. En julio de 2025, la UE se comprometió a adquirir hasta 750.000 millones de dólares en energía estadounidense durante el mandato de Trump, una meta claramente inverosímil si se considera que en 2024 las importaciones reales se situaron en torno a los 76.00 millones. Una vez más, se trata más de promesas vacías que de un compromiso realmente viable. Pero ¿qué ocurrirá si, ante el incumplimiento de esos compromisos, Trump responde con nuevas medidas coercitivas? ¿Y si su sucesor, posiblemente su actual vicepresidente, J. D. Vance, que comparte su hostilidad hacia la Unión Europea, toma el relevo? La lógica de evitar una escalada en la guerra comercial puede acabar siendo, en realidad, una simple postergación de consecuencias potencialmente más graves si todo sigue igual.

Estas cesiones no son hechos aislados. Reflejan un problema estructural: la combinación entre la pérdida de competitividad económica europea y un sistema de toma de decisiones disfuncional. La Unión sigue siendo una construcción híbrida, atrapada entre el modelo de organización internacional y el de proto-Estado. Las competencias están fragmentadas, los procesos decisorios están condicionados por los ciclos electorales nacionales y falta una visión estratégica común.

A continuación dos gráficas que valen más que mil palabras:

La pérdida de competitividad se ha intensificado en los últimos años. Alemania, el supuesto motor de Europa, lleva años sin modernizar su tejido industrial ni su sistema financiero. Su mercado bursátil representa apenas el 55 % del PIB, frente a casi el 200 % en EE. UU., y sus empresas dependen todavía en exceso de la financiación bancaria. Aun así, Berlín empieza a reaccionar: se han abierto debates sobre la reforma del sistema de pensiones, el fortalecimiento de su industria de defensa y la necesidad de atraer capital privado.

En España, en cambio, estamos a otra cosa mariposa. Se prioriza el gasto corriente sobre la inversión, se posponen reformas estructurales clave y el sistema de pensiones sigue siendo un tabú político a pesar de su creciente insostenibilidad. El espacio fiscal que podría destinarse a incentivar los mercados de capitales, atraer inversión y fomentar la innovación se consume sin retorno productivo.

A nivel de defensa, la situación es igualmente preocupante. La dependencia europea de Estados Unidos no se limita al ámbito militar, como lo evidencian la adquisición de cazas F-35, sistemas antimisiles Patriot o el hecho de que más del 60 % de las compras de defensa se realicen al socio atlántico, sino que se extiende también al terreno tecnológico. Una parte sustancial de los servicios en la nube utilizados por instituciones públicas, empresas y ciudadanos europeos está alojada en plataformas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud. Estas compañías, al estar sujetas al CLOUD Act estadounidense, pueden verse obligadas a entregar datos al gobierno americano si este lo solicita, incluso cuando los servidores se encuentren físicamente ubicados en territorio europeo.

La alianza con Estados Unidos sigue siendo fundamental, pero no puede servir de excusa para la inacción ni para la dependencia estructural. Europa necesita desarrollar de forma real su autonomía estratégica (uno de los mantras favoritos de Bruselas), no solo por razones de seguridad, sino también porque ello estimularía la innovación, la competitividad y la soberanía tecnológica de su industria. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor: modernizando capacidades, reforzando la industria militar europea y vinculándola al desarrollo tecnológico.

En este contexto, la consolidación del mercado interior todavía es uno de los principales retos. Según un estudio del FMI, estas barreras reglamentarias equivalen en promedio a un gravamen ad valorem de cerca del 45 % en bienes manufacturados y sobre el 110 % en servicios dentro de la UE.

Además, la fragmentación de las leyes de insolvencia en Europa representa un obstáculo significativo para el desarrollo de un verdadero mercado único de capitales. Cada país mantiene su propio marco legal, con diferencias importantes en procedimientos, prioridades entre acreedores y derechos de los deudores. Aunque se han dado pasos hacia la armonización, como la Directiva sobre reestructuración e insolvencia de 2019, su aplicación es desigual y limitada. A menudo, los procedimientos siguen siendo lentos, costosos y orientados más hacia la liquidación que hacia la reestructuración de empresas viables. Esto contrasta con modelos como el estadounidense (regulado en el Chapter 11), que permiten una mayor flexibilidad y control por parte del deudor y facilitan las segundas oportunidades.

Pese a todo (y haber perdido la bolsa de Londres tras el Brexit), un ejemplo de buenas prácticas en cuanto a los mercados de capitales es Suecia. Durante la última década, 501 empresas han salido a bolsa en Suecia, más que en Francia, Alemania, Países Bajos y España juntos.

Aunque grandes empresas tecnológicas como Spotify o Oatly han optado por cotizar en Estados Unidos para acceder a mayores volúmenes de financiación y visibilidad internacional, Suecia ha logrado construir uno de los ecosistemas financieros más dinámicos de Europa, especialmente para PYMEs y start-ups. La clave de este éxito radica en una combinación de políticas públicas inteligentes, reformas sostenidas y una cultura financiera ampliamente extendida.

Ya en los años 90, se permitió que los ciudadanos invirtieran un 2,5 % de su pensión pública en fondos de su elección. Esta medida, acompañada por una campaña de alfabetización financiera impulsada por el Estado, logró aumentar significativamente la participación ciudadana en los mercados financieros. Un ejemplo destacado es la introducción de las cuentas ISK (Investeringssparkonto) en 2012. Este instrumento permite a los ciudadanos invertir en bolsa sin tener que declarar individualmente cada ganancia o dividendo, lo que simplifica enormemente la tributación. En lugar de gravar las plusvalías efectivas, el sistema aplica un impuesto anual sobre una rentabilidad imputada (es decir, “ficticia”), calculada como el valor medio anual de los activos multiplicado por un tipo de referencia (basado en el tipo libre de riesgo más un punto porcentual). Sobre esta base teórica se aplica el tipo impositivo estándar del 30 %.

A diferencia de lo que ocurre en países como Suecia, en gran parte de Europa continental los hogares tienden a guardar sus ahorros en depósitos bancarios tradicionales, que ofrecen rentabilidades muy bajas, especialmente en contextos de inflación. Aunque el nivel de ahorro privado en Europa es alto, ese dinero no fluye con facilidad hacia proyectos productivos, como la creación de nuevas empresas, la innovación tecnológica o la expansión de sectores estratégicos. El resultado es un desaprovechamiento de un recurso clave: el capital disponible.

Por eso, no basta con construir una “Unión de los Mercados de Capitales” a nivel europeo. También es necesario desarrollar ecosistemas nacionales sólidos que animen a las familias y a los inversores institucionales a mover su dinero hacia inversiones más productivas, como los fondos de capital riesgo, las acciones de empresas locales o proyectos de infraestructura sostenible.

Además, la UE carece de una autoridad única con verdadero poder de supervisión, como sí tiene EE. UU. con la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC es un organismo federal que regula los mercados financieros, protege a los inversores y garantiza la transparencia y el buen funcionamiento de las bolsas. En Europa, por el contrario, la supervisión está fragmentada entre múltiples autoridades nacionales, lo que complica la creación de un mercado único y dificulta la confianza de los inversores internacionales.

Persiste también una mentalidad reguladora que prioriza la precaución sobre la promoción de nuevas tecnologías: Europa ha sido rápida en regular, pero lenta en desarrollar. El ejemplo más claro es la inteligencia artificial: mientras EE.UU. y China lideran la carrera tecnológica, la UE se concentra en el marco normativo sin impulsar una estrategia ambiciosa de innovación y emprendimiento.

Otro factor fundamental que frena la innovación y el crecimiento económico en muchos países europeos es la débil conexión entre el mundo universitario, el tejido empresarial y los mercados financieros. Esta desconexión impide que el conocimiento generado en las universidades se traduzca de forma eficiente en patentes, productos o empresas. En muchos casos, las universidades funcionan como “silos” desconectados de la economía real, centradas en la investigación académica, pero con escaso incentivo o apoyo institucional para colaborar con empresas o crear spin-offs.

En España, esta brecha es especialmente visible. Pese a contar con un alto número de graduados, los indicadores de transferencia de conocimiento y colaboración universidad-empresa están por debajo de la media europea. Las universidades públicas tienen poca tradición de vinculación con el emprendimiento. Aunque la Ley de Startups de 2022 ha introducido medidas positivas, como beneficios fiscales para emprendedores, incentivos para inversores o la creación de “visados para nómadas digitales”, el verdadero cambio requiere una transformación cultural más profunda, que incluya reformas en la gobernanza universitaria, situando la innovación como una prioridad estratégica en las altas direcciones, ofreciendo incentivos al personal investigador y estableciendo canales permanentes de cooperación con el sector privado.

Por el contrario, hay casos dentro de la Unión Europea que pueden servir de inspiración, aunque no sean Sillicon Valley. Uno de los más destacados es el de el ecosistema de Eindhoven en los Países Bajos. La ciudad, tradicionalmente industrial, ha transformado su economía gracias a la estrecha colaboración entre la Universidad Técnica de Eindhoven, empresas tecnológicas como ASML o Philips y el gobierno local.

Europa necesita algo más que la gestión tecnocrática del día a día. Necesita una visión ambiciosa para el siglo XXI. Esta tarea no es solo responsabilidad de las instituciones comunitarias como la Comisión Europea, sino también de los gobiernos nacionales, que al final son los que muchas veces bloquean decisiones importantes y muchos de los cuales han caído en dinámicas de cortoplacismo político y populismo económico. Es el caso de países como España, donde el creciente endeudamiento público convive con una baja productividad y un mercado laboral precario y poco flexible.

A pesar de que Europa mantiene un elevado nivel de ahorro privado, buena parte de ese capital sigue fluyendo hacia Estados Unidos. Este fenómeno, lejos de ser casual o patológico, responde a lo que la economista Judith Arnal ha denominado el “trilema imposible” europeo.

Este trilema plantea que la UE no puede sostener de forma simultánea tres objetivos:

1. Un elevado déficit público (por ejemplo, para financiar pensiones o gasto corriente),

2. Un superávit por cuenta corriente (es decir, exportar más de lo que importa),

3. Y la retención del ahorro privado dentro del continente para financiar su desarrollo e innovación.

¿Por qué? Porque si el sector público absorbe parte importante del capital disponible mediante deuda, y al mismo tiempo Europa presenta un superávit exterior estructural, entonces el sector privado, que genera más ahorro del que invierte, no encuentra suficientes vehículos atractivos para canalizar ese capital internamente. Como resultado, el ahorro se ve “obligado” a salir del continente en busca de rentabilidad. Es lo que explica que cada año más de 300.000 millones de euros terminen invertidos fuera de la UE.

Pero no se trata solo de una imposición contable. Como se ha comentado anteriormente, hay un segundo factor estructural: el subdesarrollo de los mercados de capitales europeos y su fragmentación regulatoria. El problema, por tanto, no es solo macroeconómico, sino también institucional y financiero.

En este contexto, conviene también relativizar el peso del déficit comercial que alegra Trump con la UE. El superávit comercial de la UE con Estados Unidos, que ha sido fuente de quejas desde Washington, es en realidad modesto: en 2024 ascendió a unos 50.000 millones de euros en bienes y servicios, es decir, menos del 3 % del comercio total bilateral.

Además, una parte significativa del déficit estadounidense con la Unión Europea se concentra en un único país: Irlanda, que representó en 2024 cerca del 37 % del déficit bilateral en bienes. Dado que muchas multinacionales estadounidenses utilizan este país como plataforma fiscal para registrar sus beneficios, exportaciones o patentes, estas cifras esconden flujos más contables que reales, derivados de estrategias de optimización tributaria más que de comercio efectivo.

Frente al trilema europeo, Estados Unidos presenta un modelo que podríamos calificar de “simétrico”, aunque opuesto en su lógica:

1. Mantiene un déficit exterior crónico (importa más de lo que exporta),

2. Tiene un consumo interno muy elevado (más del 70 % del PIB),

3. Y se financia mediante ahorro externo, proveniente en gran parte de Europa, Asia y los países del Golfo.

La diferencia clave es que Estados Unidos posee un ecosistema económico que absorbe y convierte ese capital externo en innovación y crecimiento. Sus mercados de capitales están altamente desarrollados, la demanda de inversión privada es robusta y su tejido empresarial combina dinamismo y escala. Esto le permite atraer de forma sostenida el ahorro global.

Mientras mantenga esta capacidad de ofrecer rentabilidad y seguridad, su déficit por cuenta corriente no representa una debilidad estructural, sino una característica funcional de su modelo económico. Eso no significa que esté exento de riesgos: el aumento del endeudamiento público y las tensiones fiscales podrían comprometer este equilibrio en el futuro.

En pocas palabras, frente a la mediocridad que impera, necesitamos líderes con altura de miras. Necesitamos más músculo en un mundo geopolíticamente más convulso. Necesitamos un crecimiento económico del siglo XXI si queremos mantener el “sueño europeo”. Las políticas erráticas de Trump deberían servir como una ventana de oportunidad para atraer más inversión al Viejo Continente.

Como se dijo durante la crisis financiera de 2008, ¿dónde están, pues, los adultos en la habitación?

En este vaivén de emociones, creo que la ecuanimidad puede ser una buena guía. Una actitud serena, desapegada, que nos ayude a escuchar mejor, a buscar comprender al otro y a responder menos desde el impulso. Esto, más allá de ser una aspiración individual, debería impregnar también nuestra vida democrática y la forma en la que debatimos ideas.

Releyendo hace poco La educación moral de Émile Durkheim, encontré un pasaje que lo resumía con claridad:

Un déspota es como un niño: comparte sus debilidades porque no es dueño de sí mismo. El dominio de uno mismo es la primera condición de todo poder auténtico, de toda libertad digna de ese nombre. Nadie puede ser verdaderamente dueño de sí mismo si lleva dentro de sí fuerzas que, por definición, son indomables. […] La capacidad de contener nuestras inclinaciones, de refrenarnos […] es la condición indispensable para que emerja una voluntad individual y reflexiva.

Además, a menudo entendemos la libertad de expresión como una competición darwiniana, como un “mercado de ideas” (“a marketplace of ideas” como dirían los gringos) en el que solo las mejores sobreviven. Aunque yo misma disfruto de un buen debate con mis seres queridos, como si fuera echar un pulso, lo más valioso de la libertad de explorar ideas a través del diálogo no es ganar un argumento, sino todo lo que aprendemos al escuchar al otro y las preguntas que nos llevamos después, para nuestras reflexiones silenciosas. Rodearnos de personas con ideas radicalmente distintas a las nuestras es una oportunidad para ensanchar nuestros límites mentales y transitar caminos desconocidos. Personalmente, he aprendido más, y me he vuelto más transigente, gracias a quienes, en principio, parecían tener muy poco en común conmigo.

Incluso aquellas que rechazamos con firmeza deben ser confrontadas con argumentos, no con censura ni linchamientos. Intento, en la medida de lo posible, sostener mis opiniones en principios que puedan aspirar a cierta universalidad. Si algo no me parece éticamente aceptable cuando lo hace un grupo, tampoco me lo debería parecer cuando lo hace otro.

Un ejemplo nimio de esto: la página del Ministerio de Igualdad de España afirma que espiar el móvil de tu pareja si es mujer podría ser un signo de violencia de género. El de Sanidad en una campaña afirmó directamente que lo era. Me pregunto: si una mujer espía el móvil de su novio, ¿es también violencia de género? ¿Y si una mujer acosa a su pareja y aparece sin permiso en lugares donde él se encuentra? Si aspiramos a la honestidad intelectual, los mismos comportamientos deberían juzgarse con el mismo rasero, sin importar quién los comete. ¿O es que la categoría de “mujeres” debería estar por encima de nuestras consideraciones morales?

Esta misma lógica me lleva a rechazar los linchamientos sociales. Las denuncias no deberían producirse en redes sociales, que a menudo operan como plazas públicas digitales donde se practica una justicia sumaria, sin garantías ni proporción. Para eso hemos construido un Estado de derecho: para que los hechos se investiguen con rigor, para que todas las partes puedan dar su testimonio, para que se respete la presunción de inocencia y el derecho a una defensa justa, y para que las decisiones no se tomen impulsivamente, movidas por la rabia o los prejuicios. Hemos establecido estos mecanismos precisamente para contener nuestras pulsiones más bajas, no para sustituirlas por castigos inmediatos dictados por la opinión pública. Sé que no siempre todos los jueces actúan así, pero la ecuanimidad es el ideal de este sistema.

Esto me conduce a un último punto que también ha preocupado profundamente a la filosofía y a la religión: la clemencia y el perdón. Tengo la sensación de que una parte del discurso de ciertos movimientos sociales, aquellos que reducen realidades complejas a eslóganes y adoptan las posturas más radicales, ha dejado de lado esa dimensión humana fundamental. Se acaba cayendo en una especie de paranoia moral, en la que todo lo que hace cualquier persona del grupo considerado portador del pecado original se interpreta como malintencionado, calculado, espurio. En esa lógica, ni siquiera hay espacio para la espontaneidad de lo cotidiano, para el error sin consecuencias eternas.

No podemos vivir permanentemente bajo la vigilancia moral, como si todos fuéramos policías ideológicos al estilo del gobierno iraní. Todos necesitamos espacios en los que no se politice cada gesto, cada palabra, cada silencio. Pero incluso cuando alguien se equivoca, cuando dice algo estúpido, torpe o fuera de lugar, creo que la clemencia sigue siendo necesaria. Qué mundo tan terrible sería aquel en el que nos definieran eternamente por nuestro peor desliz repetido en bucle. Como escribió Milan Kundera en La Broma (libro muy recomendable): Porque vivir en un mundo en donde no se le perdona nada a nadie, donde nadie puede redimirse, es lo mismo que vivir en el infierno.

En definitiva, siento una profunda tristeza cuando escucho a un amigo decir que quiere alejarse de alguien que lo quiere — un buen amigo, un familiar que se preocupa por él-, simplemente porque tienen ideas divergentes, ideas que ni siquiera se atreve a debatir o intentar comprender, quedando relegadas al cajón de los temas tabú. No me preocuparía tanto si esas diferencias quedaran, al menos, como una línea que no se cruza pero que no rompe el vínculo. En general, no hablamos de todo con todo el mundo. Pero cuando se sacrifica la relación entera en nombre de la pureza ideológica, me pregunto cuánto nos empobrecemos como individuos.

Encerrarnos en universos cada vez más pequeños, adictos a nuestro propio sesgo de confirmación y convencidos de que somos moralmente superiores a quienes no comparten nuestras ideas, no solo nos aísla, sino que nos priva de algo más fundamental: somos mucho más parecidos entre nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir.

Qué visión tan empobrecida del amor es esa que lo subordina todo a la adhesión ideológica, que intenta domesticar al otro y convertirlo en un reflejo sumiso de nuestras propias certezas. El amor, en su dimensión más profunda, no se basa en coincidencias absolutas, sino que incluso trasciende todo eso. Es una forma de compañía que nos impulsa a crecer, a salir de nosotros mismos y a desprendernos del narcisismo de las pequeñas diferencias, para hacerle un huequecito al otro.

Sobre este tipo de amor escribió algo muy bello James Baldwin en The Fire Next Time:

El amor nos quita las máscaras que tememos no poder quitarnos y que, al mismo tiempo, sabemos que no podemos habitar. Uso la palabra “amor” aquí no solo en el sentido personal, sino como un estado del ser, un estado de gracia — no en el sentido infantil estadounidense de sentirse feliz, sino en el sentido profundo y universal de búsqueda (‘quest’), valentía (‘daring’) y crecimiento.

“¿Por qué se vacían rápido las calles y las plazas,
y vuelven todos a sus casas tan pensativos?
Porque cae la noche y los bárbaros no han venido.
Y algunos que estuvieron en la frontera afirman
que ya no existen los bárbaros.

¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?
Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.”

Constantin Cavafis, Esperando a los Bábaros

La primera disputa territorial de la que se tiene constancia se remonta a la antigua Mesopotamia, hace más de 4.000 años, entre las ciudades-estado de Lagash y Umma, enfrentadas por el control del fértil valle de Gu-Edena. La pulsión humana por definirse frente a otros grupos y abstraer de ellos una identidad diferenciada, parece ser no solo recurrente, sino quizá constitutiva de nuestra especie. Y, como era de esperar, el presente no es una excepción.

La particularidad del mundo actual es que la tecnología nos ha permitido construir identidades compartidas con millones de personas a las que nunca conoceremos en persona, dando lugar a lo que hoy llamamos Estados-nación. La educación obligatoria, el aprendizaje de un idioma común con normas estandarizadas, el desarrollo de medios de comunicación y transporte y, recientemente, las tecnologías digitales han hecho posible que pasáramos de tribus y ciudades-estado a comunidades nacionales que abarcan vastos territorios.

Sin embargo, este Estado colosal, burocratizado y constituido para comunidades sedentarias, entra en tensión con un mundo cada vez más interconectado. Más allá de esto, el movimiento migratorio más importante sigue produciéndose dentro de las fronteras nacionales, del campo a la ciudad, lo que también genera fricciones identitarias. El “otro” ha sido muchas veces el campesino recién llegado, percibido como menos educado o cosmopolita, frente a una clase urbana que tiende a desarrollar una sensación de superioridad moral o intelectual. Pero con el tiempo, y a medida que las costumbres se asimilan, ese “otro” pasa a formar parte del “nosotros” y surge un nuevo “otro” al que estigmatizar. Así, el mecanismo se repite una y otra vez, como un ciclo interminable.

En el siglo XIX, la ola migratoria de judíos del este europeo, impulsada por el antisemitismo y los pogromos, contribuyó decisivamente a la aprobación de la Ley de Extranjeros de 1905 en el Reino Unido: la primera legislación moderna de control migratorio, que implantó criterios de “indeseabilidad” y estableció fronteras más estrictas. Hoy, el foco se ha desplazado hacia la el Norte de África y Oriente Próximo en las sociedades europeas. Pero como demuestra el caso de Mesopotamia, este fenómeno no es exclusivo de Europa. En Sudáfrica, se estigmatiza a los mozambiqueños; en Irán, a los afganos; en Estados Unidos, a los venezolanos o mexicanos.

Esto, no obstante, no significa que los movimientos migratorios estén exentos de conflictos. Por ejemplo, para quien emigra desde un país con menor renta y con estructuras comunitarias más fuertes, el desarraigo puede ser brutal. Se pueden formar sociedades paralelas, barrios o guetos donde quienes llegan quedan al margen de la sociedad mayoritaria. Algo similar ocurrió con los irlandeses o los italianos que emigraron a Estados Unidos en los siglos XIX y XX. Este aislamiento puede alimentar una profecía autocumplida: el estigma alimenta el rechazo, el rechazo perpetúa el aislamiento y este termina reforzando los prejuicios iniciales y conflictos sociales. Es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola. Si a ello se suma una juventud desarraigada, con menor aversión al riesgo y en búsqueda de pertenencia o adrenalina, las consecuencias pueden ser nocivas.

¿Qué hacer con todo esto en sociedades que se dicen liberales?

El liberalismo puede dejar un sabor agridulce. Parte de una concepción poco realista del ser humano como ser racional y mesurado y quizás peca de optimismo al asumir que podemos ser mejores de lo que hemos sido como especie. Propone que juzguemos a cada persona por sus actos individuales y que resistamos nuestras peores pulsiones autoritarias: la tentación de hacer generalizaciones sobre grupos enteros, de castigar colectivamente, de buscar chivos expiatorios.

Sin embargo, su punto débil quizá resida en su escasa respuesta a una necesidad humana profunda: la de pertenecer, de construir comunidad a través de relatos compartidos, de dar un sentido épico a lo cotidiano. Frente a esto, el liberalismo puede parecer frío, escéptico hasta el tedio, y sin una narrativa emocionalmente poderosa. No dice cuál es “la mejor vida”, no ofrece dogmas fáciles de seguir. Por eso, a menudo se muestra débil frente a ideologías que apelan a lo tribal, a lo gregario, a ese nosotros frente a un ellos.

Pero esto no significa que no tenga nada que ofrecer. Al igual que ha dado respuestas en ámbitos donde las personas han querido liberarse de moldes preestablecidos — por ejemplo, en la vida íntima o romántica — defendiendo que cada uno debe ser árbitro de su vida siempre que no dañe a terceros, el liberalismo también puede aportar una mirada alternativa frente a los debates viscerales sobre la inmigración.

Precisamente porque no busca respuestas tajantes, sino matizadas, puede ayudarnos a formular mejores preguntas y poner en evidencia nuestras contradicciones.

Puede ser una vía para cuestionar modelos sociales que, en muchas ciudades del mundo, consolidan una clase de ciudadanos de segunda, confinados a los trabajos más precarios. Y, aun así, conviene no caer en visiones condescendientes ni deterministas. Quien desempeña un trabajo mal remunerado tal vez lo perciba como una oportunidad real: la posibilidad de enviar remesas, de ofrecer a sus hijos una educación mejor que la que hubiera tenido en su país de origen y de ahorrar para poder invertir en un negocio.

Pensemos, por ejemplo, en el creador de WhatsApp: Jan Koum, un ucraniano que llegó a Estados Unidos como inmigrante en situación precaria y, durante su infancia, recibió asistencia social. Hoy resulta difícil imaginar la vida sin WhatsApp. Su historia, como la de tantas otras personas, no encaja fácilmente en los marcos reduccionistas con los que solemos interpretar la migración. Algunos dirán que estos casos son anecdóticos, pero lo cierto es que la vida está llena de anécdotas y de una aleatoriedad que a menudo nos cuesta aceptar.

Generalizar en exceso empobrece. Caer en determinismos al hablar de colectivos o trayectorias humanas solo nos conduce a comprensiones estrechas y superficiales del mundo. No se trata de idealizar ni de demonizar. Así como no deberíamos caer en discursos alarmistas, tampoco deberíamos romantizar, perpetuando el viejo mito del “buen salvaje”. Ambas posturas deshumanizan, al reducir a las personas a categorías rígidas y absolutas, sin matices ni contexto.

La cultura, además, no es algo monolítico ni inmutable. El español que hablamos hoy (o mejor dicho los españoles) es el resultado de una amalgama de lenguas y está siempre en constante cambio. Los platos que consideramos “nacionales” no existirían sin siglos de comercio, migraciones e intercambio cultural. Aquello que ahora damos por sentado — como la posición que ocupa la mujer en Europa— habría sido inconcebible hace apenas cincuenta años.

El conflicto y las peores formas de violencia, por otra parte, no son patrimonio exclusivo de ningún grupo humano, pero así lo interpretamos. Cuando en España tres adolescentes españoles asesinan a una trabajadora social, tendemos a individualizar el caso. Pero si hubieran sido tres marroquíes, muchos lo habrían leído como un problema del colectivo, una “cuestión cultural” que refuerza sesgos arraigados: una suerte de sorteo antropológico que nos lleva a considerar a unos más “salvajes” que otros.

Y, sin embargo, no se trata de negar que el contexto influye. Puede haber colectivos sobrerrepresentados en estadísticas de criminalidad, por múltiples factores: entornos sociales complicados, desarraigo, dinámicas grupales que exaltan la violencia como forma de afirmación o, simplemente, por variables que escapan a toda racionalidad. Nos cuesta aceptar esta última posibilidad: que no todo es controlable, que no todo tiene una explicación lógica.

Nada de esto significa que un enfoque liberal deba ser ingenuo o laxo. Uno puede no oponerse a deportaciones de personas con nacionalidad extranjera que hayan cometido delitos graves y demostrados, siempre que se respeten las garantías procesales y los principios de trato humano. También se puede reconocer que las fronteras y los controles migratorios son necesarios en sociedades sedentarias, organizadas en torno a Estados altamente burocratizados que son generosos y dependen del sostenimiento fiscal para garantizar derechos y servicios públicos. Asimismo, es legítimo exigir que toda persona, sea extranjera o no, respete unas normas básicas de convivencia pacífica y cumpla con ciertos deberes cívicos.

Tampoco podemos fingir que existen respuestas claras para todo, ni ignorar las contradicciones que atraviesan este debate. ¿Cómo evitar las muertes, la violencia y el sufrimiento sin renunciar, al mismo tiempo, a la existencia de fronteras? ¿Cómo hacer frente a la ansiedad cultural que despierta, en tantos, un mundo que se transforma a un ritmo que sienten imposible de asimilar? ¿Cómo equilibrar, en sociedades pluralistas e individualistas, la integración de personas con visiones más comunitarias y religiosamente marcadas, que pueden implicar actitudes más tradicionales — e incluso regresivas — respecto a los derechos de las mujeres? ¿Cómo gestionar la paradoja del control migratorio, donde cuanto más difícil y costoso es entrar, más probable es que la estancia se vuelva permanente? ¿Y cómo evitar caer en una visión meramente utilitarista de cierto tipo de inmigración, donde las personas se valoran solo por cubrir empleos que los locales rechazan, para luego ser tratadas como desechables cuando ya no resultan “útiles”?

Tal vez el liberalismo no tenga todas las respuestas. Pero sí puede ayudarnos a formular mejores preguntas para desafíos comunes.

Una de las preguntas que me surge ahora es: ¿Qué movimiento político o religioso que haya hecho de la crueldad una virtud nos ha hecho realmente mejores como sociedad?

Del mismo modo que no es justo asociar a toda persona marroquí con determinados males o problemas sociales, tampoco lo es calificar de “fascista” o “nazi” a cualquier europeo que experimente inquietud ante los cambios acelerados que percibe en su entorno. Ningún radicalismo es saludable. Mostrar mesura y apostar por un diálogo más amplio y un entendimiento social más profundo no nos debilita: al contrario, nos fortalece como sociedad. Resistir cualquier forma de linchamiento social (venga de donde venga) es, a mi entender, una señal de integridad cívica y madurez democrática.

Una vez más, atrevámonos a pensar juntos.

No corren buenos tiempos para la democracia liberal. Así lo señala el último informe del Instituto V-Dem, según el cual un 72 % de la población mundial vive ya bajo regímenes autocráticos. Y en aquellos países donde la democracia persiste, lo hace cada vez más debilitada por líderes con tics autoritarios. España no es una excepción. En los últimos años, este país mediterráneo ha sufrido un retroceso notable en la independencia de sus instituciones, que han pasado a estar cada vez más subordinadas al poder ejecutivo, en un contexto de creciente politización de las mismas.

Por aquí dejo otra gráfica que muestra cómo han caído en España los distintos tipos de democracia, como la liberal, la deliberativa o la participativa, según esta misma institución:

No se trata de idealizar el pasado, que nunca fue un paraíso terrenal exento de problemas, sino de subrayar lo preocupante que resulta constatar el deterioro que hoy sufre nuestro sistema político. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad es cultivar una actitud crítica, mantener el escepticismo y vigilar los abusos de poder por parte de quienes nos representan.

Así que, ¡allá vamos!

La democracia liberal no se reduce a decidir si uno vota cada cuatro años con más o menos entusiasmo. Su fundamento descansa, ante todo, en la existencia de una Constitución, en nuestro caso, la de 1978 , que establece las reglas del juego, consagra los principios fundamentales y garantiza la separación y el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin embargo, esa arquitectura está siendo erosionada desde dentro. El poder ejecutivo — es decir, el Gobierno — no solo ha sobrepasado los límites de sus funciones, sino que ha emprendido una colonización sistemática de instituciones clave, debilitando los contrapesos democráticos. El resultado es un deterioro palpable del Estado de Derecho: el sistema de controles se diluye, la rendición de cuentas escasea y la desconfianza ciudadana crece.

ABUSO DEL DECRETO LEY, SIN PRESUPUESTOS Y, ENTONCES, ¿ PARA QUÉ NECESITAMOS AL PODER LEGISLATIVO?

España es una monarquía parlamentaria, lo que implica que el presidente del Gobierno, que más propiamente debería llamarse primer ministro, es designado por el Parlamento y debe rendir cuentas ante él. No obstante, la balanza institucional se ha descompensado: el Ejecutivo ha acumulado un protagonismo desmedido y prueba de ello es el abuso del decreto-ley como instrumento legislativo.

El decreto-ley, previsto en el artículo 86 de la Constitución, está reservado a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, el recurso a esta fórmula ha alcanzado cifras récord bajo el actual Gobierno, hasta el punto de que el número de decretos-ley aprobados supera ya al de leyes ordinarias. No es que antes no se hubiese abusado de él, pero este gobierno lo hace todavía de manera más desenfrenada.

¿Por qué es esto preocupante? Porque al legislar mediante decretos-ley se reduce el margen de actuación de las Cortes Generales. Este recurso permite al Gobierno imponer leyes que deben ser convalidadas por el Congreso en un plazo de 30 días, sin que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas. Además, estos textos no pasan por los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Económico y Social.

El resultado son unas Cortes Generales cada vez más irrelevantes en su función legislativa y una producción normativa acelerada, improvisada, de baja calidad técnica y con escaso control.

Como suele ocurrir en política cuando uno aspira a ser presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez criticó en 2015 el abuso de los mismos por parte del entonces presidente Mariano Rajoy, y prometió devolver al Parlamento “la centralidad que merece”. Hoy, sin embargo, es el presidente que más los ha utilizado desde 1977.

Otro síntoma preocupante del deterioro institucional en España es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace dos años. El artículo 134 de la Constitución establece con claridad que es obligación del Gobierno presentarlos anualmente. No hacerlo no solo implica una dejación de funciones, sino que, en condiciones normales, debería bastar para justificar la convocatoria de elecciones.

La consecuencia directa es que las Cortes Generales pierden una de sus funciones fundamentales: la potestad presupuestaria. Son ellas las encargadas de examinar, enmendar y aprobar las cuentas del Estado. Sin nuevos presupuestos, el Parlamento queda parcialmente desactivado, mientras el Ejecutivo prolonga su acción con cuentas prorrogadas, en una suerte de inercia institucional que debilita la rendición de cuentas.

¿Por qué el Gobierno no presenta presupuestos? Porque sabe que no puede aprobarlos. Y no puede aprobarlos porque no cuenta con mayoría parlamentaria. La pregunta, entonces, es: ¿cómo logró el presidente del Gobierno su investidura si no cuenta con una mayoría en el Parlamento?

¿CONSTITUCIÓN? ¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN?

Aquí entra en escena el principal elemento que ha tensionado los límites del orden constitucional: el pacto que permitió la permanencia en el poder del actual presidente fue la controvertida Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña , conocida como ‘Ley de Amnistía’. A cambio de los siete votos de Junts per Catalunya para la investidura, se acordó una norma que borra de un plumazo los delitos relacionados con el procés, entre ellos, la malversación de fondos públicos. La ley extingue responsabilidades penales, administrativas y contables por hechos ocurridos entre enero de 2012 y noviembre de 2023 (¡más de una década!).

Cabe recordar que esta ley no llegó sola. En diciembre de 2022, el Gobierno, con apoyo de sus socios parlamentarios, ya había impulsado una reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición , sustituido por el de “desórdenes públicos agravados”, con penas significativamente menores, y redujo las penas por malversación en los casos sin ánimo de lucro. ¡Vaya con la regeneración democrática y lucha contra la corrupción!

Ambas reformas, la penal y la de la amnistía , se tramitaron por vía urgente, reduciendo al mínimo los plazos de enmiendas, debate y dictamen parlamentario. El objetivo era claro: sortear obstáculos jurídicos y acelerar su entrada en vigor.

El gobierno ha estado dispuesto a revertir una promesa electoral que repitió hasta la saciedad (“no habrá amnistía”) y la propia Constitución, sin lograr a cambio ningún tipo de estabilidad parlamentaria. Una vez más: el mismo partido con el que pactó la investidura, Junts, a cambio de dicha amnistía, no le garantiza los votos necesarios para aprobar los presupuestos y lo extorsiona como quiere. El presidente parece haber hipotecado principios constitucionales fundamentales a cambio de… mantenerse él en el poder.

El Tribunal Constitucional avaló la ley por seis votos a cuatro, alegando que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía y que corresponde al Parlamento regularla. Sin embargo, la Carta Magna sí prohíbe los indultos generales (art. 62.i), lo que ha llevado a buena parte de la doctrina a considerar que una medida aún más amplia, como es una amnistía, debería considerarse igualmente inconstitucional.

Entre los argumentos esgrimidos para avalar la amnistía, destaca el objetivo de ‘promover la paz social’ y un supuesto ‘interés general’, aunque este no fue contrastado ni debatido públicamente al tramitarse dicha ley orgánica por vía urgente. No obstante, más allá de esta retórica conciliadora, la aprobación de la ley fue el resultado de una negociación estrictamente política. Valga la redundancia: se trató de una condición impuesta por Junts per Catalunya para apoyar la investidura del presidente del Gobierno.

Este carácter transaccional ha sido igualmente señalado por la Comisión Europea, que, en un escrito remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha advertido de que la ley podría constituir una “auto‑amnistía” — es decir, una norma diseñada por quienes directamente se benefician de ella — y, por tanto, no persigue un propósito de interés público.

Este sea tal vez el caso más flagrante, pero no es ni mucho menos el único síntoma del deterioro institucional.

INDEPENDENTISTAS SÍ, ¿PERO “NO” A LA INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL?

La falta de independencia de los organismos públicos en España no es una cuestión de ayer. Ya era preocupante el uso partidista del sector público, teniendo como caso notable las televisiones públicas, pero — ¡que el ritmo no pare!- se ha propagado más todavía.

Bajo su actual dirección, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha perdido toda credibilidad. Las encuestas publicadas reflejan sistemáticamente una sobrerrepresentación del partido en el Gobierno, en contradicción con el propio discurso del presidente, quien ha admitido en más de una ocasión que no convoca elecciones porque sabe que las perdería. Todo muy democrático.

Otro ejemplo reciente es el nombramiento de José Luis Escrivá — hasta hace poco ministro encargado de la Seguridad Social — como nuevo gobernador del Banco de España. De pronto, la institución declara que no puede evaluar la sostenibilidad del sistema público de pensiones — recordemos que Escrivá fue la persona encargada de la última ruinosa reforma — ni hacer recomendaciones al respecto, pues, alegan, “no tiene capacidad técnica para analizar las pensiones”. Según ellos, esa responsabilidad recae en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Pero incluso la AIReF ha visto su independencia comprometida. Su mandato incluye precisamente la evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones, tarea clave para enviar información fiable a la Comisión Europea. Sin embargo, un Real Decreto del Gobierno limitó de facto sus funciones de análisis, obligándola a aplicar supuestos fiscales favorables al Ejecutivo. Este maquillaje contable no ha pasado desapercibido en Bruselas, que ha solicitado que el ejercicio se repita.

Y estos son sólo algunos ejemplos.

BIENVENIDOS A LA PARTITOCRACIA

Este deterioro institucional no es fruto de la casualidad, sino del predominio de un fenómeno estructural que lastra la calidad de nuestra democracia: la partitocracia y el populismo. En España, los partidos políticos han colonizado buena parte de las instituciones del Estado, repartiéndose cargos estratégicos según sus intereses, debilitando así la neutralidad y la independencia que deberían caracterizarlas.

Parte del deterioro institucional en España se explica por el propio diseño del sistema. La Constitución permite que tanto el Gobierno como las Cortes Generales (Congreso y Senado) participen directamente en el nombramiento de figuras clave, como los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Fiscal General del Estado. Esta arquitectura abre la puerta a que dichos cargos respondan más a lealtades políticas que al interés general o al imperio de la ley.

Desde hace años, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha instado a España a reformar el sistema de elección del CGPJ, recomendando que la mayoría de sus vocales sea elegida por los propios jueces y no por los partidos políticos, lo que requiere una enmienda constitucional. Una vez pactada, podría abrirse la puerta a otra enmienda constitucional para cambiar el procedimiento de designación del Fiscal General del Estado, de modo que su propuesta dejara de depender del Gobierno y pasara a ser propuesto por el propio CGPJ o mediante otro mecanismo que garantizara su autonomía. La misma recomendación es aplicable a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

¡A REPARTIRSE EL PASTEL!

Otra dimensión del problema institucional son los hábitos arraigados en los grandes partidos, que han convertido la Administración pública en un espacio de reparto entre afines. Lejos de haberse esfumado, el caciquismo del siglo XIX parece haber adoptado nuevas formas en nuestro siglo.

La lógica partidista ha llegado a extremos insólitos: en nuestro país se nombra a dedo a altos cargos en empresas públicas tan aleatorias como Correos o Paradores sin que medie un procedimiento competitivo.

A ello se suma la financiación de los partidos políticos. Sobre esto vale la mucho la pena leer la entrevista a Fernando Jiménez, experto del ya mencionado GRECO, que resumo aquí.

En España, esta es eminentemente pública, lo cual, si no va acompañado de mecanismos de control y participación social, genera un efecto perverso: partidos que viven desconectados de la sociedad y anclados exclusivamente en su relación con el Estado y las mordidas otorgadas por empresas. Como se vio en el caso Gürtel, esta dependencia facilita la aparición de tramas corruptas financiadas con dinero en B procedente de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Los partidos tienen cada vez menos afiliados y menor anclaje social. El PSOE y el PP, por ejemplo, son hoy estructuras formadas en gran parte por cargos públicos o funcionarios. En sus congresos, más del 90 % de los asistentes pertenecen ya al aparato institucional. Esta débil conexión con la ciudadanía hace que dependan casi por completo del dinero público y del acceso a recursos del Estado, lo que a su vez alimenta redes clientelares: reparto de cargos, contratos a dedo, subvenciones a medios de comunicación afines, etc.

Lo más grave es que este sistema crea los incentivos perfectos para una corrupción estructural. Empresas adjudicatarias de contratos públicos asumen como práctica habitual pagar comisiones ilegales o realizar donaciones encubiertas para asegurarse licitaciones tan rutinarias como la recogida de basuras en un municipio. Es un ecosistema en el que la regla no escrita es: si no pagas, te quedas fuera.

¿Qué hacer entonces? No se trata de eliminar la financiación pública, que puede cumplir un papel estabilizador y evitar la dependencia exclusiva del capital privado, sino de articular un sistema mixto, bien regulado y transparente. En Alemania, por ejemplo, los partidos pueden recibir financiación tanto pública como privada, en proporción a su capacidad para movilizar apoyos y con estrictos controles sobre las cantidades y los donantes. Ese modelo evita la “cartelización” partidista y fortalece los vínculos con la sociedad.

En cambio, en España persiste una hipocresía colectiva: se rechaza de forma frontal la financiación privada en el discurso público, pero se tolera de facto su existencia bajo la mesa.

Asimismo, como indica este experto del GRECO, en los países del norte de Europa, la profesionalización de la función pública ha sido clave para cortar estos incentivos perversos. Allí, los políticos fijan las prioridades, pero no gestionan el día a día. Las carreras administrativas están en manos de comités técnicos, no del partido de turno, y las contrataciones se rigen por criterios objetivos. Así, un empresario no tiene incentivos para financiar irregularmente a un partido con tal de conseguir un contrato. En cambio, en España, muchos altos funcionarios ven condicionada su carrera profesional a la complacencia con el poder político.

Además, aunque existe un Portal de Transparencia, su eficacia es muy limitada: la ley que lo regula garantiza obligaciones de publicación proactiva, pero las cubre de forma mínima. Solo exige información básica que luego deben ampliar normativas autonómicas o sectoriales, lo que genera brechas de transparencia según la región o el organismo. Permite denegar solicitudes de información sin justificaciones demasiados claras (art. 18) y restricciones amplias (art. 14). Tampoco existe aún un registro obligatorio de lobbies.

Los datos confirman este déficit:

• Durante todo 2024, el Ejecutivo cerró el año con 498 denegaciones, cifra que supera ampliamente registradas anteriores a 2018 y confirma una tendencia generalizada de opacidad. Estas denegaciones incluyen solicitudes sobre viajes oficiales, gastos públicos y contratos.

POPULISMO, REALIDADES PARALELAS E IMPUNIDAD

A todo lo anterior se suma (o, mejor dicho, se retroalimenta con) el auge de un populismo que no es patrimonio exclusivo de los nuevos partidos, sino que también es un hit en los tradicionales. Resulta irónico que quienes más alertan contra la desinformación y el famoso “fango” sean algunos de sus principales generadores: se dedican a señalar a jueces o periodistas críticos, a mentir y crear realidades paralelas sin pestañear, a erosionar principios clave como la presunción de inocencia (recordemos aquella ministra que llegó a decir que era una vergüenza anteponerla al testimonio de una mujer…).

La estrategia no es nueva: buscar un chivo expiatorio, victimizarse, desviar la atención y polarizar el debate. Porque el miedo moviliza y el miedo da muchos votos. En este contexto, la amenaza omnipresente de la ‘extrema derecha’ se ha convertido en un arma arrojadiza del partido en el poder (lo mismo ocurre con los chivos expiatorios que utiliza la oposición): ¡Que viene el lobo, votadme a mí, lindas ovejitas, que yo os guiaré hacia la luz!’

Esta lógica me recuerda a una anécdota que me contó una amiga: mientras esperaba a alguien en la calle, un hombre se le acercó para advertirle que— ¡cuidado! — , por allí “se robaba mucho”. Muy agradecida al señor, cuando quiso darse cuenta, su móvil había desaparecido. El único que había pasado por esa calle era él.

Además, muchos políticos viven de la política en España. Vamos, que no han hecho otra cosa más que militar en el partido desde bien jovencitos e ir subiendo de escalón hasta en-hora-buena llegar a ser el Presidente de una Comunidad Autónoma o el país. Esto genera, al final, una lógica perversa por la cual estas personas tienen un interés personal en aferrarse al poder, ya que fuera del partido no cuentan con otra profesión ni sustento.

Este es un problema más difícil de resolver y refleja una de las tensiones inherentes a las democracias liberales. Establecer condiciones estrictas o excluir a determinados candidatos podría derivar en prácticas censitarias o restrictivas muy peligrosas que comprometan el principio de participación ciudadana, precisamente uno de los pilares del sistema democrático.

ESCRUTINIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Aunque no sean una solución al populismo ni al arribismo político (presentes en cualquier sistema político), podría ser útil adoptar mecanismos de escrutinio público similares a los que ya existen en Estados Unidos, el Reino Unido o incluso en la propia Unión Europea. Entre ellos destacan los hearings parlamentarios: audiencias públicas en las que los candidatos propuestos para ocupar altos cargos comparecen ante el Parlamento, exponen su trayectoria, responden a las preguntas de los legisladores y se someten al juicio público antes de ser nombrados.

Más allá de las necesarias reformas legales, uno de los principales obstáculos para la calidad democrática en España es su cultura política. En muchos países europeos, la mera sospecha de una irregularidad o el incumplimiento de una norma básica desencadena dimisiones inmediatas, como muestra de responsabilidad institucional. En cambio, en España, lo habitual es que los cargos públicos se atrincheren en el poder, incluso cuando afrontan escándalos graves.

Esta resistencia al control se refleja también en la escasa rendición de cuentas. Comparecer ante los medios de forma regular, responder a preguntas incómodas y someterse al escrutinio público debería ser una práctica democrática básica. ¿Cómo es posible entonces que un presidente del Gobierno pueda pasar más de 40 días sin conceder una rueda de prensa con preguntas o hacerlo únicamente ante medios afines?

Asimismo, una de las reformas que reclama el Consejo de Europa es la supresión o la restricción de los aforamientos. Esta figura jurídica, recogida en los artículos 71 y 102 de la Constitución española y en leyes orgánicas posteriores, impide que diputados, senadores, ministros o altos cargos del Estado sean juzgados por tribunales ordinarios (sólo es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), lo que genera una mayor dificultad a la hora de juzgar los casos de corrupción.

Pero lo más llamativo no es solo su existencia, sino su alcance: España es el país con más personas aforadas de Europa, con aproximadamente 250.000 beneficiarios. Esto incluye a más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a unos 18.000 cargos políticos, jueces, fiscales y altos funcionarios. Para comparar: Francia tiene 19 aforados y en Reino Unido y Alemania ni siquiera existe esta figura.

NACIONALISMOS Y MODELO TERRITORIAL

No puede faltar en esta reflexión uno de los problemas más críticos para el equilibrio institucional: el papel de los nacionalismos y su impacto en el modelo territorial. Ya hemos mencionado la controvertida Ley de Amnistía, pero más allá de la misma, el avance de los privilegios fiscales y políticos de ciertas comunidades está haciendo saltar por los aires algunos de los principios esenciales de nuestra Constitución.

España es un Estado autonómico, sí, pero eso no significa que deba tolerar desigualdades estructurales entre territorios. El caso del País Vasco y Navarra es paradigmático. Estas comunidades disfrutan de un concierto económico que les permite gestionar el 100 % de sus impuestos y transferir una aportación limitada al Estado, el llamado “cupo”. Este sistema, heredado de la Transición y de sucesos históricos aleatorios, socava la redistribución nacional: por ejemplo, el País Vasco, a pesar de tener una población especialmente envejecida, contribuye menos de lo que debería al actual déficit del sistema público de pensiones.

El problema se agrava con el nuevo intento de Cataluña, derivado del pacto entre ERC y el PSC, de abandonar el régimen común de financiación y acceder a un modelo de concierto propio. Aunque en un inicio pueda presentarse como moderado, los expertos en federalismo fiscal coinciden en que este tipo de acuerdos tienden a consolidarse como privilegios permanentes. El resultado podría situar a Cataluña en una posición similar a la del País Vasco (con un 220 % más de financiación por habitante que la media) o Navarra (con un 50 % más). Mientras tanto, comunidades como Murcia, Valencia, Andalucía o Castilla-La Mancha siguen 10 puntos por debajo del promedio estatal en financiación.

Este nuevo acuerdo no es menor: afecta al 18 % del PIB nacional, y sumado al 7 % que representan el País Vasco y Navarra, pone en jaque el modelo descentralizado, basado en la solidaridad, previsto en la Constitución. Nos aproxima, sin debate público alguno, a un modelo confederal asimétrico donde tres de las cuatro comunidades más ricas disfrutan de trato privilegiado. La consecuencia es doble: el Estado pierde recursos, lo que podría traducirse en recortes en servicios esenciales o inversión, y las comunidades del régimen común quedan condenadas a gestionar menos recursos.

Además, los datos oficiales desmienten uno de los principales argumentos esgrimidos para justificar este cambio: Cataluña no está infrafinanciada. Según el Ministerio de Hacienda y la Fundación Fedea, se sitúa en torno a la media (con un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022). Las comunidades verdaderamente perjudicadas son otras, con menor renta y mayor dispersión territorial.

Pese a ello, hay quienes han justificado el trato a Cataluña apelando al supuesto “dumping fiscal” de Madrid. Pero esta acusación no se sostiene. Madrid sigue siendo la comunidad que más aporta a la solidaridad interterritorial: 7.395 millones de euros en el último ejercicio. Y, además, el sistema de financiación neutraliza los efectos de esas políticas mediante un índice normativo que evita que afecten al reparto.

Ante este escenario, urge repensar el modelo institucional. Una posible reforma sería transformar el Senado en una auténtica cámara de representación territorial de las Comunidades y Ciudades Autónomas, siguiendo modelos como el Consejo de la UE, el Bundesrat alemán o el Senado de EE. UU. Esta cámara podría tener menos miembros y estar compuesta por representantes designados por las comunidades autónomas o elegidos por sufragio directo. No tiene sentido mantener una cámara con más de 200 senadores — cuando Estados Unidos, con casi siete veces más población, tiene solo 100 — si sus funciones son más bien débiles. Más aún cuando, en la práctica, casi todos sus vetos pueden ser anulados por el Congreso. Este último, por su parte, debería centrarse en el interés general y estructurarse según líneas ideológicas, sin que medien intereses de ciertos territorios debido a la presencia de partidos regionalistas, como ocurre en el Parlamento Europeo. Esto requeriría, ciertamente, una reforma constitucional de gran calado (modificar los artículos 69 y siguientes de la Constitución, entre otros), que tendría que ser aprobada con amplias mayorías — algo muy difícil de llevar a cabo hoy en día dada la polarización política y peso del movimiento independentista.

Otra opción sería reformar la ley electoral para elevar los umbrales mínimos de voto requeridos para obtener representación parlamentaria. Esta medida reduciría la fragmentación política y dificultaría la entrada de partidos minoritarios de ámbito regional que, con porcentajes muy bajos, logran una influencia desproporcionada en la formación de mayorías. Por ejemplo, en Alemania, rige el llamado umbral del 5 % para el Bundestag (conocido como el Fünf‑Prozent‑Hürde), por el que los partidos necesitan alcanzar ese mínimo nacional para obtener representación, salvo que ganen al menos tres distritos directos.

Mientras esta situación permanezca igual, seguiremos alimentando un sistema en el que quienes más presionan obtienen más privilegios y quienes cumplen con las normas son sistemáticamente ignorados. De ahí la proliferación de partidos localistas como Teruel Existe: síntomas de un modelo roto que ha perdido el principio de igualdad de trato como brújula.

La cohesión territorial no exige recentralizar, pero sí garantizar que todos juegan con las mismas reglas. Aunque, ya sea dicho de paso, no vendría mal homogeneizar aspectos básicos, como los los exámenes de acceso a la universidad o trámites burocráticos que afectan a las empresas.

Como última recomendación, mirando hacia atrás, a aquellos locos años adolescentes, creo que habría sido muy valioso que en el instituto se impartieran asignaturas centradas en el conocimiento del sistema político. Me refiero a estudiar en profundidad la Constitución, cómo se organiza el Estado, cuáles son las funciones de las distintas instituciones, qué competencias tiene cada nivel de gobierno, cómo se recaudan y gestionan los impuestos, etc. No con la intención de adoctrinar, sino para ofrecer una visión estructurada de cómo funciona nuestro país, una visión que pudiera, además, ser debatida libremente en el aula.

Se nos otorga el derecho al voto a los 18 años, pero sin haber recibido previamente muchas de las herramientas necesarias para ejercerlo con criterio. A menudo escucho a profesores universitarios lamentar el desconocimiento político de la ciudadanía, pero olvidan que no todo el mundo ha recibido una formación especializada como la suya. La mayoría de personas se desarrolla profesionalmente en otras áreas. Y tenemos, además, la suerte histórica de contar con muchos años de educación obligatoria. Qué menos que aprovecharlos también para formar ciudadanos críticos y comprometidos.

Por supuesto, cada uno es responsable de su propio aprendizaje y hoy contamos con una cantidad inabarcable de información a un clic. Pero precisamente por eso, la escuela debería servir como espacio de iniciación, de guía y de fomento del pensamiento cívico y democrático. Un conocimiento básico del funcionamiento del Estado podría, además, reforzar la implicación de los jóvenes en la vida pública.

Quiero terminar con una nota positiva, porque toda sociedad enfrenta dificultades y tensiones, pero también hay avances que merecen ser reconocidos. Como decía al principio, la democracia liberal, a menudo reducida al acto de votar cada cuatro años, es en realidad un sistema complejo basado en un delicado equilibrio institucional. Y en tiempos de crisis, valoramos aún más el trabajo de jueces que investigan la corrupción, de unidades como la UCO de la Guardia Civil, de medios plurales que se hacen eco o de organizaciones civiles que fiscalizan al poder.

Ninguna institución es infalible: los jueces pueden prevaricar, los periodistas sesgar, las empresas abusar de su posición. Además, como dice el viejo aforismo, no siempre hay que atribuir a la maldad lo que puede explicarse por la ignorancia o el error humano.

Por eso, el valor del modelo liberal reside en su apertura al pluralismo, en su capacidad para la crítica, la alternancia en el poder y la posibilidad de disentir y proponer caminos distintos. Esa flexibilidad y autocorrección es precisamente lo que lo hace resiliente.

Frente a ello, los regímenes autoritarios pueden parecer, en un primer momento, atractivos por su apariencia de eficacia o firmeza, pero con el tiempo tienden a degradarse: concentran poder, eliminan contrapoderes, se vuelven arbitrarios y asfixian las libertades individuales. No necesitamos “hombres fuertes” ni líderes mesiánicos, por mucho que algunos se sientan tentados. Esa no es la solución, como demuestran otros países que se han deslizado por la senda de destruir desde dentro sus incipientes democracias liberales.

Nadie dijo que esto de la democracia liberal era fácil. Asíiii que, una vez más, atrévanos a pensar juntos.

Además, fue el siglo en el que se dieron los pasos hacia una democracia liberal y la adhesión a la Unión Europea. Dos hitos que han impulsado una profunda modernización de la economía española, sus instituciones y su sociedad. Sin embargo, aún queda un largo trecho para alcanzar los niveles de prosperidad de sus socios europeos más avanzados.

Lo que nos depara el resto de este siglo es, por supuesto, imposible de prever. Por eso, me centro en el camino recorrido hasta ahora, especialmente en los cuellos de botella que arrastramos y en una serie de ideas (como siempre, imprecisas) que han surgido tanto del trabajo de otros (cualquier error de interpretación es mío) como de mi propia experiencia profesional y vital.

Cambios demográficos y el elefante en la habitación

Como señalaba antes, uno de los cambios más sustanciales y rápidos ha sido el demográfico. Según los datos del INE, en 2024 la esperanza de vida se situó alrededor de los 84 años, mientras que la tasa de fecundidad era de apenas 1,12 hijos por mujer. Esto ha provocado un saldo vegetativo negativo: en 2024 hubo 322.034 nacimientos frente a 439.146 muertes, lo que implica que sin inmigración la población española estaría decreciendo. Estos cambios plantean importantes desafíos al Estado del Bienestar, concebido para una demografía muy distinta.

Un tema tabú que los políticos evitan afrontar con sinceridad (y sin maquillar el estado de las las cuentas como ha ocurrido recientemente) es el gasto en pensiones, que ya representa el 11,5 % del PIB. En 2025, se estima que podría escalar al 13%, es decir, prácticamente lo mismo que el peso del sector turismo en la economía. Además, de cada euro del Presupuesto General del Estado, en torno a 40–42 céntimos van a pensiones. Para más datos de su evolución, consultad este link.

Este sistema funciona mediante el principio de “reparto”: las cotizaciones de los trabajadores activos (y el grueso de esto lo pagan las empresas) financian las pensiones de los jubilados. Esta fórmula ya no es sostenible, porque los gastos no paran de crecer sin que los ingresos acompañen el ritmo.

Además, este hecho sólo se vio agravado por la reforma de 2021 que trajo de vuelta la indexación al IPC y eliminó el factor de sostenibilidad suprimiendo, pues, el índice de revalorización ligado a la esperanza de vida, ingresos y gastos. También introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, aumentando la cotización adicional desde el 0,6 % en 2023 hasta el 1,2 % en 2029, pero ni así se cubre el déficit actual. En 2025, alcanzaba ya el 0,8% (un 0,67% lo pagan las empresas y el 0.13% el trabajador).

El sistema también es cada vez menos contributivo porque suben las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC, lo que tensiona aún más las cuentas.

Un estudio del Instituto Santalucía coloca este déficit estructural como responsable del 80 % del aumento de la deuda pública desde 2010. La aportación del Estado llegó a los 55.836 M€ en 2024, acumulando desvíos por 474.627 M€ (periodo 2010–2024), equivalentes a 29,8 puntos del PIB. Solo en 2024, el déficit de la Seguridad Social sumó 3,7 puntos del PIB (contando, por tanto, con la necesidad de transferencias adicionales), ¡superior al déficit de todas las Administraciones Públicas juntas (2,8)!

*Para los despistados: un déficit ocurre cuando los gastos superan a los ingresos. Se mide durante un periodo determinado, habitualmente un año.

** Otro dato a tener en cuenta es que actualmente la deuda pública española representa un 103,5% del PIB, según los últimos datos.

Y si las cosas no cambian, el déficit podría alcanzar el 2,3 % del PIB en 2050, lo que implicaría emitir unos 33 puntos adicionales de deuda (o incluso 59 puntos en escenarios más pesimistas) entre 2040 y 2050. El gasto en pensiones podría subir hasta el 16–17 % del PIB, mientras los ingresos se mantendrían en el 13–13,6 %, generando un déficit estructural persistente de 3,5 % del PIB.

En resumidas cuentas, el sistema vive por encima de sus medios. Se apoya cada vez más en transferencias públicas, recauda menos de lo que gasta y está al borde de tener que elegir entre aumentar cotizaciones, recortar pensiones o aceptar un déficit crónico. (De hecho, la última reforma de pensiones en España incluye una cláusula impuesta por la Comisión Europea que obliga a revisar cada tres años la sostenibilidad del sistema. Si la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detecta desviaciones en ingresos o gastos, el Gobierno deberá proponer ajustes en el Parlamento; si no hay acuerdo, se activará automáticamente una subida de cotizaciones.)

Dicho esto, analicemos ahora la situación de los contribuyentes: los trabajadores.

Un país de salarios bajos

Hace poco El País publicó un artículo que ilustraba muy bien lo bajos que son los salarios en España. Las gráficas que incluyeron hablan por sí solas.

En resumidas cuentas, España es un país de salarios mediocres si lo comparamos con otras economías avanzadas de nuestro entorno y la situación no parece mejorar.

Sin embargo, la economía española no ha dejado de crecer en los últimos años. Entonces, ¿cómo se explica esta desconexión entre crecimiento económico y salarios? Principalmente, por un aumento de la población impulsado por la llegada de inmigrantes. Es decir, crece el número de trabajadores (más cabezas, como se suele decir), pero eso no se traduce en un incremento ni de los salarios per cápita ni de la productividad.

La creación de empleo se sigue concentrando en sectores de baja remuneración como la hostelería. Ya ocurrió algo similar en los años previos a la crisis financiera de 2008: se crecía a buen ritmo, sí, (qué burbuja tan linda) pero sin avances significativos en productividad porque el empleo se generaba mayoritariamente en sectores poco productivos.

Para ilustrarlo, un dato: el salario más frecuente en España, según el INE, fue de 15.575 euros en 2023.

¿Y cómo han evolucionado los salarios en este contexto en comparación con las pensiones? Pues aquí es donde conviene mirar algunas gráficas que lo resumen a la perfección, como las que comparte Jon González en X (@Jongonzlz en X), a quien os recomiendo seguir si os interesan estos temas.

Es decir, mientras la pensión media ha subido un 32,2 % en términos reales, el salario medio han caído un 1,3 %. ¿Qué significa esto de “en términos reales”? Que eliminamos el efecto de la inflación y hablamos de poder adquisitivo. Traducido a lenguaje llano: los trabajadores pierden capacidad de compra mientras los pensionistas la ganan. Es “de locos” que el sector productivo — el que sostiene al sistema — esté viendo mermadas sus condiciones mientras el sector no productivo mejora.

Pero sigamos sumando piezas al puzzle. Pensemos en la carga fiscal que soporta la fuerza laboral en un contexto donde los precios de la vivienda se disparan. Empecemos por el IRPF. Aunque los salarios han subido algo en términos nominales, los tramos del IRPF no se han ajustado a la inflación. Esto importa mucho, porque si tu salario crece un poco pero los precios suben más y los impuestos suben aún más, en realidad estás peor.

Y así ha sido: en 2024 los españoles pagaron más IRPF que nunca. ¿Por qué? Por lo que se conoce como “progresividad en frío”, es decir, que los tramos del IRPF no se actualizan con la inflación, y eso hace que más renta quede atrapada en tramos más altos. Entre 2018 y 2024, la inflación acumulada fue del 21 %, mientras que los salarios subieron solo un 17,8 % hasta 2023, y un 3 % estimado en 2024. Apenas se compensa. Mientras tanto, el tipo medio efectivo del IRPF pasó del 12,4 % al 14 %. Pero esa mayor carga no ha venido acompañada de mejores servicios públicos ni de una reducción significativa del déficit.

Y para colmo: aunque la presión fiscal (lo que se recauda en impuestos en relación al PIB) está por debajo de la media de la UE, el esfuerzo fiscal (cuánto sacrificio supone para los ciudadanos pagar esos impuestos en función de sus ingresos reales) es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí cobramos menos. Según el Instituto de Estudios Económicos, el esfuerzo fiscal en España es un 17 % superior al promedio de la UE. Dicho de otro modo: en España se paga “como en los países ricos”, pero con sueldos de país más modesto.

Y si ya esto parecía mucho, pongámosle la guinda al pastel: la vivienda. Comparemos la evolución de los precios de la vivienda con la de los salarios de los jóvenes… Gráfica cortesía de Jon González, que no tiene desperdicio:

Para el que contrato social no se rompa del todo con los jóvenes y trabajadores que soportan una mayor cargo fiscal, lo mínimo sería garantizar un mejor acceso a vivienda. Pero claro, ya hemos hablado del estado de las cuentas públicas — sobre todo por el peso de las pensiones y el abultado tamaño de la deuda pública en general— , lo que deja poco margen para aumentar otras partidas de gasto.

¿El resultado? El parque de vivienda social en alquiler en España representa solo el 1,5 % del total, muy lejos de la media europea del 9 %. Y lo que pagan los inquilinos lo deja aún más claro: casi el 40 % de los españoles que viven de alquiler destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar la renta y los suministros, frente al 27 % en la UE. No es raro entonces que solo el 14,8 % de los jóvenes entre 16 y 34 años se hayan podido emancipar en 2024.

Para subrayarlo aún más: en los últimos 20 años el gasto público en España ha subido 7,1 puntos del PIB. Pero casi todo ese aumento ha ido a protección social y sanidad (+7 puntos, de los cuales 4,7 corresponden a pensiones). ¿El resto? +0,1 puntos para educación, –0,5 en vivienda, +0,3 en investigación básica e I+D y cero variación en medio ambiente. O sea, más gasto, pero poca inversión en partidas importantes como vivienda (que decrece) o I+D (que aumenta pero se sitúa a niveles muy lejanos de otras economías avanzadas).

Y antes de pasar a las ideas para mejorar este panorama, toca hablar de otro gran ausente en muchas de estas conversaciones: el tejido empresarial español.

Salarios bajos meets un tamaño empresarial chiquitito

El pequeño tamaño del tejido empresarial español fue algo que me sorprendió especialmente cuando trabajaba como consultora de internacionalización para empresas españolas en Estados Unidos. En aquel momento salieron unas subvenciones financiadas con los fondos de recuperación de la UE (los famosos NextGeneration, cuyo impacto real aún está por ver…) destinadas a apoyar a PYMES. Una de las condiciones era tener una facturación superior a los 10 millones de euros, salvo que ya hubieran participado en otro programa del ICEX, en cuyo caso el mínimo se rebajaba a un millón. Cuando nos pusimos a buscar PYMES que cumplieran esos requisitos… sonaban grillos. Las que llegaban al millón ya eran difíciles de encontrar; las que alcanzaban los 10 millones parecían pura fantasía. Y hablamos de empresas exportadoras, que generalmente tienen mayores niveles de productividad que las que operan solo en el mercado nacional...

Veamos qué pasa aquí. España cuenta con unos tres millones de empresas, de las cuales en torno a un 99% son PYMES y, sobre todo, microempresas (aquellas que emplean a menos de diez trabajadores). Las empresas españolas tienen de media 4,8 trabajadores frente a 6 de la UE y 12 de Alemania.

Aunque cabe preguntarse si no hay también algunas buenas noticias: desde la pandemia, las grandes empresas han ganado peso en el mercado laboral. En 2024, concentraron el 43 % del empleo, cinco puntos más que una década atrás. Paralelamente, las microempresas redujeron su cuota, lo que podría interpretarse como una señal negativa, ya que este descenso podría estar vinculado al impacto del aumento de costes y del Salario Mínimo Interprofesional, que afecta especialmente a las empresas de menor tamaño.

Un mayor tamaño empresarial suele asociarse con efectos positivos: las empresas más grandes tienden a ser más productivas, innovadoras y a ofrecer mejores salarios, además de contar con mayor solidez financiera para afrontar crisis. Sin embargo, en comparación con otros países europeos como Francia, Alemania o Suecia, España sigue rezagada en cuanto al porcentaje de empleo generado por grandes empresas.

Y si hablamos de la competitividad de la economía, especialmente en lo que respecta a la innovación y las nuevas tecnologías (probablemente el factor más determinante para el futuro), es casi irónico que en España se haya creado antes la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que un ecosistema sólido de empresas punteras en este ámbito. La realidad es que España sigue siendo un país de innovación moderada, con un claro déficit comercial en el sector de altas tecnologías.

La pregunta de fondo, que aplica también a nivel europeo, es: ¿queremos seguir siendo simples consumidores de la tecnología que desarrollan otros, o vamos a crear un entorno donde las personas innovadoras y las startups puedan desarrollarse aquí?

En este sentido, España sí destaca en algo fundamental: la infraestructura digital. El 93 % de la población tiene acceso a redes de más de 100 Mbps, 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Es el tercer país europeo en cobertura digital y el séptimo en servicios públicos digitales. Pero esta infraestructura avanzada necesita traducirse en más innovación productiva, no solo en consumo digital.

Ideas para mejorar estos datos

Dicho todo esto (y sin ánimo de resultar pesada, porque hay tantas variables y datos que podríamos no acabar nunca), ¿qué hacer? Comparto algunas ideas que me parecen especialmente relevantes.

Sobre las pensiones, recomiendo mucho leer los artículos que ha escrito Jon González, como este artículo escrito con Jesús Fernández-Villaverde y este otro que cuenta con más detalles, donde plantea propuestas valientes y necesarias. En resumen:

1. Corregir el privilegio fiscal del País Vasco y Navarra, que hoy no contribuyen al déficit de la Seguridad Social pese a que se cubre con impuestos comunes.

2. Reintroducir mecanismos que vinculen las pensiones a la esperanza de vida y al equilibrio del sistema, como el modelo de cuentas nocionales sueco. Este sistema, público y de reparto, registra de forma individualizada las aportaciones de cada trabajador y ajusta la pensión a su historial contributivo y longevidad. Incentiva también retrasar la jubilación, reforzando la sostenibilidad. Para suavizar la transición, se podría recuperar un índice de revalorización progresiva que proteja las pensiones más bajas frente a la inflación.

3. Reformar la pensión de viudedad, limitando su cuantía y duración cuando el beneficiario esté en edad de trabajar, adaptándola a las nuevas realidades sociales y laborales.

4. Incorporar un pilar complementario de capitalización colectiva sin ánimo de lucro, mediante fondos de inversión colectiva con costes de gestión mínimos.

En materia fiscal, sería recomendable ajustar los tramos del IRPF a la inflación y racionalizar el gasto público, algo que pasa, una vez más, por reformar el sistema de pensiones para liberar espacio fiscal. Como recordaba recientemente el Consejo de la UE, en 2022 los impuestos al trabajo representaron la principal fuente de ingresos fiscales en España (50,5 % del total), equivalentes al 19,1 % del PIB, frente al 17,3 % de media en la UE. En contraste, los ingresos por impuestos al consumo (9,7 % del PIB en España frente al 10,9 % UE) y por impuestos medioambientales (1,52 % frente al 2,02 %) se sitúan por debajo de la media europea. También convendría revisar otras figuras, como el impuesto de sociedades, que en España tiene un tipo general del 25 %, por encima del promedio de la UE (21,3 %). Un sistema tributario que incentive la creación de empleo y el crecimiento empresarial — en lugar de penalizarlos — permitiría ampliar la base de contribuyentes, reducir la economía sumergida y mejorar la recaudación sin ahogar al factor trabajo. En definitiva: avanzar hacia un modelo más equilibrado, que alivie la carga fiscal sobre el empleo y potencie tributos menos distorsionantes, como los ligados al consumo o al impacto ambiental.

Sobre la innovación y el tejido empresarial, urge cambiar la mentalidad de “regular y regular” por una que se pregunte: ¿cómo impulsamos la innovación en los sectores estratégicos del futuro? Parece que en Bruselas hay movimientos en esa dirección (como muestra el reciente informe de Mario Draghi sobre competitividad), pero falta ver cómo se traduce en la práctica. En España, parte del problema es normativo: el exceso de regulación (y el laberinto de abordar los diferentes niveles: europeo, nacional y autonómico) supone un lastre especialmente para las PYMES. Aplicar de forma real el principio de “pensar en pequeño primero” (Think Small First) sería clave. Además, una de las sugerencias de Draghi es reforzar la unión de mercado de capitales (Capital Markets Union), algo que sería importante para España, ya que hoy la mayoría de empresas se financian casi exclusivamente a través de préstamos bancarios, sin aprovechar otras vías como la emisión de acciones o bonos. Cambiar esto sería un paso importante hacia una economía más innovadora y competitiva.

Sobre la vivienda, quería dedicar una entrada aparte, ya que se trata de un problema complejo con múltiples causas y propuestas en debate. Sin embargo, puede afirmarse que existe un bloqueo estructural que dificulta resolver la actual crisis de acceso. A partir de mis investigaciones, estos son algunos de los factores clave:

1. Impulsar un parque público de vivienda significativamente mayor, lo que contribuiría a garantizar una oferta asequible y estable, especialmente para los colectivos más vulnerables.

2. Alinear la oferta de vivienda con el crecimiento de la demanda, especialmente en grandes ciudades como Madrid, que en 2024 sumó más de 100.000 nuevos habitantes. Para ello, es clave aumentar la disponibilidad de suelo urbanizable y simplificar los trámites urbanísticos que hoy frenan el desarrollo de nuevas promociones.

3. A la vez, el crecimiento reciente de la población en antiguos núcleos poco habitados del área metropolitana madrileña (las llamadas “ciudades fantasma”) representa una oportunidad para desconcentrar la presión demográfica sobre la capital. Pero esto exige invertir en infraestructuras de transporte y conexiones interurbanas eficientes para garantizar su integración efectiva.

4. Diseñar viviendas acordes a los nuevos modelos demográficos y estilos de vida, como la creciente demanda de vivienda unipersonal.

5. Impulsar técnicas de construcción más eficientes, como la edificación modular o prefabricada, que permiten reducir costes, acortar plazos de entrega y mejorar la sostenibilidad del parque inmobiliario.

6. Diseñar incentivos eficaces para movilizar el parque de vivienda vacía, adaptando políticas que promuevan su rehabilitación y puesta en alquiler (se estima que hay más de 3 millones de viviendas, pero el problema es que gran parte de estas se encuentran en zonas donde existe una menor demanda estructural).

7. Fomentar políticas de mercado que incentiven la oferta de alquiler en lugar de restringirla, evitando medidas que, aunque bienintencionadas, puedan generar efectos adversos como la retirada de viviendas del mercado formal (como sucede con la regulación de los precios del alquiler).

8. Reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa, creando un entorno que ofrezca confianza tanto a propietarios como a inquilinos y que anime al pequeño tenedor a poner su vivienda en alquiler.

9. Incentivar la formación de mano de obra especializada en el sector de la construcción, esencial para ampliar la oferta de vivienda y garantizar la calidad en nuevas promociones y rehabilitaciones.

No he entrado aún en dos temas clave: cómo se regula el mercado laboral (España sigue batiendo récords de desempleo incluso en un escenario de crecimiento superior a la media de la UE) y el estado del sistema educativo, porque me gustaría desarrollarlos con más profundidad en futuras entradas. Sobre el primero, creo que podríamos inspirarnos en modelos como el danés: el flexicurity que combina flexibilidad laboral con alta protección social, las empresas pueden contratar y despedir con facilidad y bajo coste, mientras que los trabajadores disfrutan de una red de desempleo robusta y políticas activas de recolocación.

En cuanto a la educación, el tema merece un análisis aparte. Aunque la tasa de abandono escolar temprano ha mejorado en la última década, España sigue claramente por encima de la media europea: en 2023 alcanzó el 13,5 %, frente al 9,5 % de la UE, siendo sólo superada por Rumanía. Además, los resultados del informe PISA 2022 revelan un descenso en matemáticas, lectura y ciencias respecto a ediciones anteriores. Frente a este panorama, en lugar de enfrascarnos en disputas ideológicas o facilitar el aprobado sin asegurar conocimientos mínimos, deberíamos redirigir los esfuerzos hacia lo esencial: mejorar la educación primaria, que es la base de todo el sistema. Esto implica, a mi juicio, reducir la memorización mecánica y la sobrecarga de deberes sin ton ni son, y fomentar más el pensamiento crítico y la comprensión profunda de lo aprendido. Mi constatación siendo voluntaria en programas de apoyo escolar para alumnos de primaria es la siguiente: urge abordar las carencias básicas que arrastran muchos estudiantes , como no saberse bien las tablas de multiplicar, porque estas deficiencias lastran el aprendizaje curso tras curso y condicionan todo lo demás. Asimismo, el buen desempeño y auge de la Formación Profesional apuntan hacia una dirección prometedora. La universidad, por su parte, podría aprender de ello y avanzar hacia una mayor conexión con el mercado laboral y, sobre todo, mirar al modelo americano para fomentar el emprendimiento.

En definitiva, cierro con una pregunta que me parece clave para nuestro futuro: ¿Qué país queremos tener? ¿Uno anclado en salarios bajos y escasa innovación, que se limita a consumir las tecnologías desarrolladas por otros, mientras encabeza rankings de desempleo juvenil y bajo rendimiento educativo? ¿O uno que ofrezca verdadero espacio a las ambiciones de los jóvenes y de quienes aspiran a algo más, sin tener que coger sus maletas y marcharse a otra parte?

Y lo dejo aquí por hoy. Seguiremos en próximas entregas. Como todo en la vida, nadie puede predecir el futuro con certeza, pero al menos podemos intentar pensar con calma sobre los principales problemas que afectan a nuestra economía. En cualquier caso, este espacio está abierto a todo tipo de críticas y sugerencias.

Algunos informes más recientes interesantes

• Spain’s Productivity Gap Vis-à-Vis Europe and the United States: Diagnosis and Remedies. Fondo Monetario Internacional (2025). https://www.imf.org/en/Publications/selected-issues-papers/Issues/2025/06/13/Spains-Productivity-Gap-Vis-Vis-Europe-and-the-United-States-Diagnosis-and-Remedies-567671

• Reviving Broadly Shared Productivity Growth in Spain. OECD (2024). https://www.oecd.org/en/publications/reviving-broadly-shared-productivity-growth-in-spain_34061b21-en.html

Crecí en uno de esos barrios residenciales de Madrid que surgieron a finales de los 90, pensados para familias jóvenes con hijos. Soy el fruto de aquellos años de movilidad social en España, una época vivida por la generación de mis abuelos y padres, marcada por la apertura económica, la integración europea, las migraciones hacia las grandes ciudades y políticas sociales generosas, especialmente en cuestiones como la vivienda.

Mi infancia transcurrió en un entorno secular y de clase media, donde lo fundamental era estudiar, tener disciplina e ir a la universidad para lograr una vida ‘mejor’. Mis amigos y amigas provenían de hogares similares, de familias que valoraban profundamente la educación pública como una herramienta para construir una sociedad más justa. En ese sentido, las diferencias de sexo eran irrelevantes; nuestras familias solo esperaban que fuésemos buenos estudiantes. Esta cita del libro NW de Zadie Smith refleja perfectamente esta filosofía: ‘Pensaban que la vida era un problema que podía resolverse mediante la profesionalización’.

Es difícil no pensar en ello como un contraste con la España de hace menos de un siglo, donde el analfabetismo era elevado, especialmente entre las mujeres, que, por lo general, se contaban con cuentagotas en las profesiones consideradas “liberales”.

Cuando era pequeña, recuerdo que odiaba el color rosa. Tenía un chándal de ese color que intentaba estropear a propósito. Las Barbies que me regalaron tuvieron un destino fatal: decapitación o lanzamiento por la ventana. La cocinita de plástico fue mi refugio para liberar la ira, lanzando los platos contra la pared como si fuesen frisbees. No es que me pareciera algo negativo, simplemente no me interesaba esa idea de feminidad.

Sin embargo, esa no era una época en la que las imágenes de ser mujer se redujeran a simples juguetes que te preparaban para ser madre o a un rol doméstico. Era la época también de Kika Superbruja y Kim Possible. Con mis amigas, nos intercambiábamos sus libros y jugábamos a ser heroínas y villanas en el patio del recreo. Eran también los años del auge de Pokémon y Digimon y muchos de nuestros juegos ni siquiera tenían forma humana.

En el colegio, tampoco existía una categoría predefinida para las chicas. Estaban las que eran reservadas y llevaban con orgullo el nombre del colegio a los concursos de matemáticas; las que eran rebeldes y se metían en peleas a la salida del colegio, donde se formaban círculos; algunas que inventaban idiomas a raíz de los libros de fantasía que leían y otras que, al descubrir Google, nos contaban lo que salía cuando ponían “pene” en el buscador.

En educación física, las pruebas se clasificaban por sexo. Recuerdo cómo pensaba que mi 0 redondo en flexibilidad hubiese sido al menos un 3 en la categoría masculina, y cómo otras compañeras, con su fuerza, dejaban atrás a algunos chicos más delgados. Para mí, tenía más sentido que adaptaran las pruebas al progreso individual, en lugar de ajustarlas a una categoría física preestablecida.

En clase de Literatura Española, me preguntaba por qué no se mencionaban a mujeres escritoras, ¿por qué no leíamos a ninguna? O, en la rara ocasión que se mencionaban, eran solo un apéndice de los hombres, una referencia entre comas dentro de una enumeración de escritores. Cuando llegué a la clase de Literatura Universal en Segundo de Bachillerato, tampoco encontré nada significativo que una mujer pudiera aportar.

Cuando se decía que las mujeres eran más emocionales, pensaba, leyendo La urna griega de John Keats: “este hombre literalmente está escribiendo una oda, súper emocionado, a una urna, a un objeto”. ¿Cómo no era eso sentimentalismo? ¿Por qué las grandes obras de hombres que exploraban nuestras emociones complejas no se interpretaban de la misma manera? ¿Por qué, aún, cuando una mujer escribe una obra con mujeres complejas y humanas, tiene que ser etiquetada como “feminista” o “literatura para mujeres” y no puede ser simplemente “literatura” o “universal”? Por suerte, las cosas están cambiando.

En primaria, el interés por los chicos era residual: más bien los veíamos como amigos del mismo grupo que aún conservo, como rivales de los que nos burlábamos o como un “crush” bastante fugaz con niños con los que ni siquiera hablábamos. Eso cambió en secundaria, con todas las hormonas propias de la adolescencia y el dramatismo que conlleva. También comenzó la época de los cambios corporales y los sentimientos de inseguridad. Fueron también los años del auge de los trastornos dismórficos corporales, del blog de Ana y Mía, donde se intercambiaban consejos sobre anorexia y bulimia, del boom de las revistas de cotilleo como Cuore, en las que otras mujeres criticaban despiadadamente a las celebridades por tener arrugas y celulitis, y de las pasarelas llenas de modelos emaciadas. Con el tiempo, supe que varias compañeras de clase pasaron por esas horribles enfermedades, que dejaron, y siguen dejando, tantos estragos.

Pero también pienso que éramos más libres en otros aspectos, como en la elección de la ropa que queríamos vestir: pantalón, falda o vestido; si queríamos usar maquillaje o no, o incluso en lo relativo a nuestra orientación sexual. Los chicos, en cambio, parecían tener un concepto de masculinidad que me parecía más limitado, más crítico y más plano, especialmente en cuanto a las emociones que se les permitía expresar. A veces, la peor crueldad puede provenir de nuestro supuesto “propio” grupo.

En definitiva, el mundo en el que crecí estaba lleno de personas ambiguas, en una sociedad que valoraba cada vez más la libertad personal, sin dejar de reconocer cómo nos marcaba el contexto y la herencia cultural de nuestras familias sobre todo en los roles domésticos.

En muchos aspectos, nuestras diferencias estaban más definidas por nuestro origen socioeconómico, de clase, que por nuestra biología.

El momento de mi vida en el que más experimenté la misoginia, de una forma tan omnipresente que resultaba imposible escapar de ella, fue en Pakistán. Fui allí para trabajar para una ONG y confieso que mi conocimiento de los códigos sociales locales era muy limitado. Al principio, si un compañero me hablaba en el trabajo, yo respondía con una conversación animada, sin saber que para ellos esa interacción se interpretaba como una invitación a algo más.

La hora de comer se convertía en una válvula de escape, un espacio donde mis compañeras de equipo, todas mujeres pakistaníes, se desahogaban sobre sus experiencias con hombres. Una de ellas me pedía que saliéramos a comer fuera para fumar, porque no quería que otros hombres la vieran y la consideraran una “puta”, aunque ellos, por supuesto, no dejaban de tomarse descansos para fumar fuera.

En Islamabad, aunque no existía una segregación oficial en muchos casos, la segregación social se imponía de manera implícita debido al constante acoso. Los gimnasios tenían horarios reservados para mujeres, que, para mi desgracia, coincidían siempre con mi horario de trabajo, y el transporte público era algo que se debía evitar si se era mujer, mejor utilizar una aplicación de Uber exclusiva para mujeres. Nunca he pasado tanto tiempo en un centro comercial, porque era uno de los pocos lugares públicos donde podía caminar tranquila. En los centros comerciales, los hombres no podían ir solos o en grupos de hombres; tenían que estar acompañados de mujeres de su familia, lo que los obligaba a guardar las formas. No se podía ir al cine sola o con otras mujeres sin el riesgo de ser acosada, así que nunca fui. Caminar sola por la calle, incluso a plena luz del día, en avenidas llenas de gente, era una invitación para que muchos hombres se detuvieran en sus coches y te invitaran a subir.

Sin embargo, no envidiaba la situación de la mayoría de los hombres. Recuerdo a un pakistaní de más de 40 años, divorciado, que vivía con sus padres, ya que nadie podía vivir solo. Llevaba una doble vida: alquilaba una casa para organizar fiestas, salir con mujeres “expats” y beber alcohol. Otro amigo homosexual había sido obligado a casarse con una mujer en un matrimonio concertado, pero consiguió divorciarse. Nada más hacerlo, su familia volvió al ataque, presionándolo para que volviera a casarse. Llevar una doble vida era la norma.

Un sistema de segregación social como este no solo limita a mujeres o a ciertos hombres, sino que corrompe a toda una sociedad y empobrece nuestra humanidad. Al final, las reglas las dictan aquellos que poseen la visión más distorsionada y pervertida de nuestra especie, especialmente en lo que respecta a las mujeres y sus cuerpos, reducidos a simples objetos de pecado. Y, al mismo tiempo, a hombres que carecen de autocontrol, obligando a las mujeres a taparse y a mantenerse apartadas de su esfera para evitar ser una tentación.

Cuando salí de Pakistán, me asaltaban las preguntas, el intento de entender cómo llegamos todos nosotros a nuestras peores acciones. Quizá siempre haya un componente irracional, algo inexplicable, y buscamos desesperadamente darle sentido a todo. Me obsesioné con leer sobre psicología social y, en el proceso, mi visión política colapsó.

Inicié un proceso de desmenuzar mis ideas, de cuestionar por qué pensaba lo que pensaba, qué me motivaba a creer esto o aquello… Me avergonzaba reconocer cuán prefabricadas eran la mayoría de ellas, lo superficiales que resultaban, lo arrogante que había sido tantas veces al creer estar en el lado bueno de la historia, ninguneando a quienes consideraba “no suficientemente buenos” para luego exponer mi propia “virtud”. Comencé también a cuestionar los eslóganes que había coreado sin pensar y las veces que actué con agresividad para silenciar a quienes pensaban diferente a mí, sin realmente escuchar lo que decían.

Por paradójico que resultase, me vi cuestionando el movimiento feminista que se había institucionalizado en España, el que hablaba más alto, y me sentí terriblemente incómoda por ello. ¿Me convertía eso en una mala persona? ¿Cómo podía expresar esto? ¿Pensarían que odiaba a las mujeres? ¿Que era una vendida? ¿Que me habían lavado el cerebro? ¿Que coqueteaba con la extrema derecha?

Siento que una parte de ese feminismo, el que clama que “todos los hombres son violadores en potencia”, tiene más en común con la visión del mundo que vi en Pakistán: una visión distorsionada de todo un género humano. Si todos los hombres lo son, ¿de qué sirve intentar algo? Porque, si aceptamos esa premisa, ¿debemos concluir que todas las mujeres también somos asesinas de hijos en potencia, dado que hay mujeres que asesinan a sus hijos de las maneras más horrendas? ¿Y qué quiere decir realmente “en potencia”? ¿Que todos nos dejaremos guiar por nuestras peores pulsiones? ¿Que no podemos trascender? ¿Que no podemos intentar actuar de una manera mejor? Entonces, si eso fuera cierto, ¿cómo hemos logrado construir, en muchos aspectos, una sociedad más segura que antes?

También siento que se infantiliza a las mujeres. Es como pasar de un paternalismo, el del machismo, a otro bienintencionado que nos caricaturiza como meras criaturas víctimas del mundo, sin agencia, sin matices morales. Como si las mujeres fuésemos moralmente superiores a los hombres, como si los mismos actos cometidos por mujeres fueran más justificables que los cometidos por hombres.

Entiendo muchos aspectos de este sector del feminismo. Durante mucho tiempo, las mujeres fueron tachadas de “locas” o “histéricas” para deslegitimar sus voces; sus testimonios valían menos o quedaban completamente descalificados. Y aún hoy, hay quienes siguen pensando de esa manera.

Comprendo el origen de movimientos como #MeToo, el impulso de denunciar a hombres con nombres y apellidos en un tuit y el porqué del silencio prolongado durante tantos años, así como el miedo que sienten muchas mujeres al no atreverse a decir ‘hermana, yo sí te creo’, después de haber sido ignoradas o no creídas en el pasado. Comprendo ese terrible dolor. Sin embargo, también me preocupa el impacto que esto puede tener sobre otros principios fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa justa. Sé que estos casos son difíciles de juzgar, ya que muchas veces ocurren a puertas cerradas, sin pruebas claras que respalden los hechos. Además, la justicia puede ser también muy impersonal y lenta. No es fácil.

Algunas personas me han dicho que “es normal que el péndulo ahora gire hacia el otro lado”, para corregir el desequilibrio. Sin embargo, una parte de mí se pregunta: ¿cuándo dejaremos de considerar la temporalidad de estas medidas? ¿Cuándo se va a nivelar realmente? ¿Será cuando no quede ni un hombre que piense de esa manera? Quizá nunca llegue ese día, porque tal vez siempre habrá personas con ideas discriminatorias. La historia lo demuestra: no solo con el racismo, la xenofobia, la homofobia o el machismo, sino también con las religiones que se subdividen y se enfrentan entre sí, como si nuestra especie siempre encontrara nuevas formas de crear conflictos y discriminación. Ojalá me equivoque.

Para mí, la ley — nuestro Estado de Derecho — debería reflejar ese anhelo de universalismo humano, de respeto a los derechos fundamentales, donde la voz de todos y todas tenga el mismo valor y nuestros actos sean juzgados con justicia e igualdad. Soy consciente de que nunca será perfecto: nuestros sesgos son abundantes. Y no solo en las grandes categorías que solemos invocar, sino también en cuestiones más sutiles, como la influencia que puede tener algo tan trivial como si alguien nos resulta atractivo o no.

Otro problema que percibo es la creciente censura en torno al debate sobre cómo se ha institucionalizado la igualdad de género y las leyes que la acompañan, como la controvertida ley del solo sí es sí. Como vimos, sus efectos, además, fueron desastrosos: al equiparar todo con la categoría de “agresión sexual”, acabó provocando reducciones de condena debido a la ceguera ideológica de quienes la redactaron. Afortunadamente, la norma fue modificada después. Lo mismo ocurre con la ley contra la violencia de género, que sigue generando un debate necesario y legítimo.

Nadie quiere ser etiquetado como “fascista”, “machista” o “cómplice del machismo”, aunque esa no sea su intención. Nos importa más ser vistos como “buenos” y ser reconocidos por nuestro grupo, que ser sinceros o mostrar una capacidad crítica hacia quienes piensan como nosotros. Sin embargo, el problema de no poder abordar ciertos temas con libertad es que el debate acaba siendo monopolizado por el grupo más fanático, que no deja espacio para una conversación matizada. Al final, ambos extremos provienen de la misma visión dicotómica de un mundo en blanco y negro. Y si la única forma de debatir con alguien es recurrir a adjetivos descalificativos, el debate se vuelve, en efecto, casi imposible.

Aspiro a una justicia que no dependa del género ni de la identidad, sino que aplique las mismas penas por los mismos actos, en la medida en que nuestra imperfecta condición humana nos lo permita.

Tras leer a Clara Campoamor, la primera mujer en el mundo en defender el derecho al voto femenino en un parlamento, no puedo evitar imaginar un diálogo con ella. Ella, que se enfrentó en las Cortes a diputados que la despreciaban con frases como: “¿cómo va una mujer a votar con todos sus desequilibrios hormonales?”, pero también a hombres progresistas que sostenían que las mujeres no estaban preparadas para votar porque serían fácilmente manipuladas por su marido o por el cura. Y quizá lo que más le dolió: la oposición de las otras dos diputadas, Margarita Nelken y Victoria Kent, que compartían esos prejuicios bajo un barniz progresista. En el fondo, era el mismo paternalismo de siempre, disfrazado de modernidad.

Y pienso en cómo arrasó con todos ellos:

“Decís que la mujer no tiene preparación para la política. Decía el Sr. Peñalba, no sé en virtud de qué cálculos, que un millón sí la tiene y cinco millones no. Y yo os pregunto: ¿y de los hombres, cuántos millones de ellos están preparados? Exactamente lo mismo, Sr. Peñalba, y ahí quería yo que llegásemos. Los hombres tampoco están preparados ni ciudadana ni políticamente en España.”

Al final, lo consiguió. Obtuvo los votos necesarios para que se aprobase el sufragio femenino en 1931.

Me identifico con ella: con su humanismo liberal y su pensamiento laico, con su defensa de una democracia más justa en medio del caos y el extremismo de la Segunda República. Pienso en su exilio, como el de tantos otros: primero huyendo de Madrid por la violencia y el miedo a las checas dentro del enclave republicano; después, bajo el franquismo, acusada de masona. Clara fue víctima de los mismos males que tan bien supo denunciar: las ideologías fanáticas.

Me pregunto: ¿qué pensaría Clara si estuviera hoy entre nosotros? ¿Se enorgullecería de ver lo mucho que hemos avanzado? ¿Qué nos diría su humanismo lúcido y valiente? Tal vez — siendo tan amante del debate — nos animaría a mantener conversaciones abiertas, a confrontar ideas sin miedo, como vía para acercarnos de forma más auténtica a ese universalismo humano que tanto defendió.

Teherán es una ciudad que, en muchos aspectos, se llega a apreciar mejor desde la distancia. En el día a día, su tráfico, su contaminación y, sobre todo, para quienes venimos de países como España, acostumbrados a la comunicación directa y una mayor impaciencia, el taarof iraní — un protocolo que implica una excesiva cortesía y un estilo indirecto de hablar — puede resultar algo frustrante (por ejemplo, cuando vas a pagar un taxi, el conductor te dice “es gratis” y tú debes insistir varias veces hasta que finalmente aceptan el pago).

Pero lo que realmente deslumbra de Irán son sus ciudades históricas, como Yazd, que guarda restos de la antigua religión zoroástrica, o Shiraz, donde uno puede soñar y dejarse llevar por las huellas del imponente Imperio persa.

Mi viaje a Irán fue posible gracias a una beca para estudiar farsi en la Universidad Allameh Tabataba’i en 2018, justo después de terminar la universidad. Un profesor me animó a aprovecharla, impulsado por su firme creencia en la necesidad de tender puentes entre la sociedad española e iraní.

Cuando llegué a Teherán, me hospedé en una residencia para mujeres, repleta de estudiantes iraníes, libanesas, iraquíes, coreanas, rusas y, para suerte de mi precario persa, una española. Las normas de la residencia eran estrictas. Me sentía como si volviera a la adolescencia: había toque de queda y, si una quería ampliarlo hasta las 11 de la noche, debía pedir permiso. Si quería salir de Teherán, tenía que firmar un formulario, dejar el contacto de la persona con la que me iría y recibir la aprobación de la encargada de la residencia. En ocasiones, para escapar un poco y disfrutar de una noche más libre, nos veíamos obligadas a inventarnos excusas, como que íbamos a viajar fuera la ciudad, para dormir en un hotel y tener algo más de autonomía.

La desobediencia civil de las mujeres ante las estrictas normas y leyes era común. Estaban acostumbradas a navegar la fina línea entre aparentar que cumplían las reglas y buscar esos pequeños respiros de libertad: quitarse el hijab o llevarlo caído, besarse o darse la mano con un chico en la calle, o montar fiestas clandestinas donde había alcohol que, en muchos casos, no se sabía de dónde provenía ni cómo se había destilado.

Desde entonces, la desobediencia civil ha seguido en aumento, hasta explotar en las manifestaciones multitudinarias conocidas por el lema ‘Zan, Zendegui, Azadi’ (‘Mujer, vida, libertad’) a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moral por no llevar el hijab correctamente. Tras ser golpeada repetidamente por los oficiales, murió en septiembre de 2022.

La historietista iraní Marjane Satrapi, conocida por Persépolis, dirigió la creación de una novela gráfica en honor a ese movimiento, titulada Mujer, Vida, Libertad, publicada en 2023. El texto que sigue es un resumen parafraseado de su primer capítulo, ampliado con otras referencias para dar un poco más de contexto en algunas partes, con la intención de invitaros a leer la obra completa.

Una historia persa del bien y del mal

Hace falta un profundo desconocimiento de la historia para comparar movimientos poderosos e inspiradores como “Mujeres, Vida y Libertad” en Irán con simples explosiones sociales espontáneas.

Los mitos iraníes están llenos de figuras femeninas, y todo comienza con Anahita, la fuente divina de luz, logos, agua y fertilidad. Fuera de los mitos, las encontramos también en la historia. Durante las invasiones árabes, el Imperio Sasánida estaba gobernado por una reina llamada Pourandokht. Cuando Mahoma, el profeta de la nueva religión islámica en Arabia, se enteró de su liderazgo, se dice que exclamó: “Nunca tendrá éxito una nación que haga de una mujer su gobernante.”

Más de mil años después, las mujeres reclamaban su espacio. En 1848, en un pequeño pueblo llamado Badasht, una mujer erudita, poeta y teóloga, Fatemeh Baraghâni, conocida como Tahereh, pronunció un sermón sin el velo. Esta visión fue tan perturbadora para los hombres que uno de ellos saltó al escenario para acuchillarla en la garganta, mientras otro intentaba suicidarse. El monarca de la época, Nasser-eldin-Chah, conocido por su actitud lasciva, que previamente la había codiciado, se asustó de su valentía, dejó de desearla y ordenó su ejecución. Tahereh murió asfixiada, una forma de ejecución reservada a las mujeres para silenciarlas.

A principios del siglo XX, Irán vivió una Revolución Constitucional (1905–1911), un movimiento que buscaba limitar el poder absoluto del monarca Qayar y establecer una monarquía constitucional. En este contexto, las mujeres comenzaron a desempeñar un papel activo, desafiando las normas sociales de la época, como Bibi Maryam Baktiari, una valiente líder tribal que, pese a la oposición feroz de su marido, organizó y condujo a su comunidad a Teherán para luchar por la revolución.

Después del bombardeo del parlamento en julio de 1924 y el inicio de la revuelta en Tabriz contra la tiranía de Mohammad Ali Shah, las mujeres, vestidas con ropa masculina, participaron activamente en la resistencia y en las sublevaciones de 11 meses dirigidas por Sattar Khan y sus compañeros. Habl-ol-Matin, uno de los periódicos más conocidos de esa época, informó una vez: “En una de las batallas de Tabriz, se identificaron veinte mujeres entre los muertos que vestían ropa de hombre.”

Además, durante este periodo, las mujeres comenzaron a fundar revistas y a involucrarse en la vida pública, contribuyendo significativamente al cambio social, a pesar de la censura y de ser calificadas frecuentemente como “histéricas”.

Durante las décadas de 1950 a 1970, Irán experimentó avances significativos en los derechos de las mujeres. Fueron años de esplendor para escritoras, poetas, políticas y emprendedoras que rompieron barreras y establecieron nuevas expectativas. ​ Las mujeres también podían elegir, por primera vez su vestimenta, desde vestidos sencillos hasta minifaldas coloridas, reflejando una mayor liberalización social. En 1963, consiguieron el derecho al voto.

Sin embargo, tras la Revolución de 1979, que llevó a los ayatolás al poder, se implementaron cambios drásticos: el hijab se volvió obligatorio, las mujeres fueron excluidas de ciertos roles profesionales y académicos, y sus derechos legales se vieron significativamente reducidos. Se “invitó” a las mujeres a abandonar el espacio público, reduciéndolas al papel de madres procreadoras y esposas obedientes. Se formó una policía de la moral, fuerte, bien armada y bien financiada para garantizar que las mujeres cumplieran estrictamente con estas reglas.

Pero las descendientes de esas mujeres no estaban dispuestas a tolerar estos ataques. Nació un movimiento civil de desobediencia, compuesto por mujeres de todas las edades, generaciones y condiciones económicas, cada una pagando un alto precio por su resistencia.

Las prohibiciones sobre el vino y las risas, los bailes y los conciertos de mujeres son solo algunas de las restricciones que siguen marcando la vida en Irán. Durante más de cuatro décadas, todas las esferas del poder han estado en manos de unos 2.500 hombres, la mayoría de ellos provenientes de un reducido círculo de familias clericales. Además, el acceso de las mujeres a la universidad está limitado por cuotas y ciertos campos de estudio permanecen vedados por no considerarse “lo suficientemente femeninos”. Las mujeres no pueden viajar al extranjero ni someterse a ciertas operaciones sin el permiso de un “varón”, ya sea su padre, hermano o esposo. En los tribunales, la vida de una mujer vale la mitad que la de un hombre, lo mismo ocurre con el valor de su testimonio.

Sin embargo, a pesar de estas humillantes limitaciones, las mujeres iraníes continúan superando en número a los hombres en la educación superior, representando más del 60% de todos los graduados universitarios y más del 70% de los estudiantes en el campo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). A esto se suma una generación de mujeres distinguidas en una multitud de campos, desde autoras galardonadas, arquitectas, periodistas, cineastas de documentales, científicas, atletas olímpicas e incluso la primera mujer en ganar la Medalla Fields, el Premio Nobel de Matemáticas, la profesora Maryam Mirzakhani.

La incompetencia económica del régimen iraní, su corrupción voraz, su nepotismo, el papel cada vez más relevante de la Guardia de la Revolución Islámica, el saqueo de las arcas públicas para financiar las guerras indirectas en la región y una tasa de inflación y desempleo de dos dígitos durante más de cuarenta años, han provocado la ira de todas las clases sociales de Irán, salvo aquellos que se han hecho cómplices del saqueo.

Esta brecha radical, junto con la perseverancia de las mujeres en su lucha, ha llevado a los hombres a unirse a su causa. Incluso los “radical chic”, que durante años despreciaron el movimiento de las mujeres y la lucha contra el hijab obligatorio, calificándolas de frívolas y pequeñas burguesas, ahora entienden que, si las mujeres no son libres e iguales, la libertad y la democracia no pueden establecerse en una sociedad.

Las historias de estas mujeres son pequeños faros en la oscuridad del despotismo y la misoginia. Pero si conocemos la historia, ya no es una pesadilla que nos atormenta: podemos ver cómo los caminos se cruzan para decir “Mujer, Vida, Libertad” y nos llevan hacia un futuro mejor.

Nombres y apellidos

Es imposible reunir en un solo blog todos los nombres y las historias de estas mujeres desobedientes, y mucho más aún las de todas aquellas que permanecen en el anonimato: mujeres que se han enfrentado a todo tipo de consecuencias, desde el estigma de ser consideradas parias sociales y las penas de prisión hasta la tortura y la ejecución.

Entre ellas se encuentran Ahu Daryaei, quien en 2024 se despojó de la ropa tras ser increpada por una milicia paramilitar en la Universidad Islámica de Azad y posteriormente fue detenida e ingresada en un centro psiquiátrico (¡cuántas acusaciones de histeria y locura se han utilizado a lo largo de la historia para silenciar a las mujeres!); Shaparak Shajarizadeh, activista detenida en 2018 por protestar contra la obligatoriedad del hiyab, que posteriormente se exilió en Canadá tras ser condenada a 20 años de prisión; Niloufar Bayani, bióloga arrestada en 2018 bajo acusaciones de espionaje y condenada a diez años de prisión tras ser torturada; Niloofar Hamedi y Elaheh Mohammadi, periodistas que informaron sobre la muerte de Mahsa Amini y fueron condenadas a penas de prisión; Narges Mohammadi, activista por los derechos de las mujeres y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, detenida en múltiples ocasiones por su lucha contra la pena de muerte y en defensa de los derechos humanos; Armita Garawand, una adolescente de 16 años que murió tras ser agredida por la policía de la moral por no llevar el hiyab en el metro de Teherán; o Sharifeh Mohammadi, activista condenada a muerte en 2024 por su lucha en favor de los derechos laborales y de las mujeres. Y un largo etcétera.

Ojalá tantas mujeres no tuvieran que pagar con su vida y su libertad el precio de la igualdad. Ojalá llegue pronto el día en que esta injusticia llegue a su fin.

No puedes apreciar plenamente las dimensiones del siglo XX si no has compartido alguna vez sus ilusiones.

Tony Judt, Pensar el siglo XX

Imagina que te encargan dibujar un mapa del mundo con la máxima precisión posible. Convocas a los mejores cartógrafos y, tras un esfuerzo exhaustivo, logras crear un mapa de una provincia que termina ocupando toda una ciudad. No satisfecho con el resultado, lo intentas una y otra vez hasta que finalmente logras un mapa que cubre las dimensiones exactas del mundo, abarcando todo su territorio. Sin embargo, al final, te das cuenta de que tal tarea titánica resulta ser inútil y carente de sentido. Esta alegoría, planteada por Jorge Luis Borges en el microcuento Del Rigor en la Ciencia, ilustra cómo el intento de representar la realidad con excesiva precisión puede conducir a resultados absurdos e irrelevantes.

Al intentar comprender nuestro mundo, debemos comenzar reconociendo las limitaciones inherentes a nuestro conocimiento y a las decisiones que tomamos, las cuales no siempre son evidentes. Además, uno tiene que aceptar la imposibilidad de abarcar toda la complejidad de la realidad y, sobre todo, mantener presente que puede estar completamente equivocado. Nuestro pensamiento, por más complejo que sea, no está exento de errores de cálculo, sesgos y de un proceso racionalizador que nos conduce a acrobacias mentales. Todo ello está teñido de emociones, influido por un contexto que tiende a naturalizar lo que percibimos y nos arrastra hacia una visión de túnel. Aunque los avances en neurociencia y psicología nos acercan a vislumbrar un cierto entendimiento del funcionamiento del cerebro, las conjeturas siguen prevaleciendo sobre las certezas.

De la misma manera en que el estudio del pasado lejano está limitado por los vestigios arqueológicos, los documentos disponibles y las historias orales distorsionadas, intentar entender nuestro propio siglo se convierte en una tarea ardua. Vivir en él nos priva de la perspectiva que solo el paso del tiempo puede otorgar, esa mirada imperfecta que permite desentrañar lo que, de otro modo, permanecería oculto.

Mi impulso por abrir este blog surgió mientras leía Pensar el Siglo XX de Tony Judt, un historiador que escribió principalmente sobre la época que vivió: la segunda mitad del siglo XX. Fue criticado por su estilo directo, a menudo condicionado por su visión ética del mundo y en ocasiones considerado panfletario. Pero, ¿quién, al escribir sobre su propia época, no está influido por el hecho de vestir sus ropas? Como él mismo señaló en su libro, uno de los historiadores más influyentes de la contemporaneidad, Eric Hobsbawm, cegado por su idealismo ideológico, no pudo percatarse de los horrores que la Unión Soviética acarreaba, algo que solo pudo reconocer más tarde. Judt admiraba a pensadores como Albert Camus o Raymond Aron, quienes se negaron a unirse a la ola de revolucionarios intelectuales que pretendían crear un “hombre nuevo”, rehacer la sociedad en nombre de un mesianismo secular que abogaba por un cielo sobre la tierra, y que, al igual que Sartre, pasaron por alto las atrocidades cometidas en su nombre. Las reflexiones de Judt fueron también fruto de su propia experiencia, marcada por su ímpetu de crear un Estado de Israel idílico, solo para darse cuenta de los monstruos que se ocultaban en esos empeños.

Simpatizo con Judt. Si algo me provoca un rechazo vehemente, es la imposición de ideologías puras que pretenden ofrecer una única forma de entender el mundo, imponiendo su visión de manera totalitaria. Estas ideologías nos dicen que, al eliminar al chivo expiatorio de turno — ya sea una clase social, una minoría religiosa o étnica, o cualquier otro grupo — todos los problemas del mundo se resolverán. El manual es siempre el mismo: un líder mesiánico y su tropa de fanáticos que señalan con el dedo a un grupo, el deseo inicial de desplazarlos y expulsarlos de la sociedad, lo que termina derivando en masacres o genocidios incontrolables.

Soy igualmente escéptica ante la crítica constante que busca destruir sin ofrecer alternativas viables, sin reconocer que lo que surja de esa destrucción traerá consigo sus propios desafíos y problemas, muchos de los cuales ni siquiera podemos prever. Siendo común también que aquellos que más rechazan el sistema, una vez que llegan al poder, terminen reproduciendo los mismos errores que criticaban, convirtiéndose así en los peores de los tiranos.

Por ello, me pareció apropiado darle nombre a este blog en honor a un pensador brillante que, tras haber experimentado y sido testigo de los grandes sistemas de pensamiento totalitarios del siglo XX, intentó escapar de las doctrinas puras y utópicas en los últimos años de su vida. Ese libro no fue escrito directamente por Judt, sino que nació de conversaciones con el historiador Timothy Snyder, ya que Judt, en ese momento, estaba diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. De este modo, este blog se inspira en esos diálogos, que surgen tanto de nuestras interacciones sociales como de nuestros momentos más íntimos de reflexión.

Vivimos en una era en la que, aunque la violencia interna en muchas sociedades ha disminuido considerablemente y la paz parece prevalecer, las guerras y la inseguridad crónica siguen siendo una constante en diversas partes del mundo. Sus técnicas de combate han evolucionado, impulsadas por el desarrollo de tecnologías sofisticadas y la existencia de armas de destrucción masiva. Sin embargo, al mismo tiempo, persisten métodos más tradicionales, alimentados por un mismo combustible: nuestras emociones colectivas, los conflictos por el poder y su instrumentalización, las narrativas enfrentadas y la lucha por el territorio. Nos encontramos también en un periodo de revolución en la forma en que nos comunicamos, lo que nos permite ser testigos de las vidas de cientos de millones de personas en lugares remotos, mientras estamos constantemente inundados de información que no logramos retener. A la par, los avances en ciencia y tecnología han elevado nuestra esperanza de vida a niveles sin precedentes, aunque, a la vez, estos mismos avances han puesto de manifiesto profundas desigualdades socioeconómicas. Mientras, las mismas preguntas de siempre siguen vigentes: ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Qué valoramos? ¿Qué constituye una vida buena? ¿Qué es moralmente bueno? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos lidiar con los conflictos que surgen a partir de estas cuestiones?

Me reconforta saber que estas preguntas siguen generando debates vivos, a pesar de la inaccesibilidad de respuestas definitivas. Aún más me reconforta el hecho de que podamos compartirlas en un rincón de la web sin temor a ser perseguidos, aunque, desafortunadamente, esto no sea una realidad accesible para todos, en todos los rincones del mundo.

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No sé si es mi ceguera o mi inclinación al optimismo, pero me siento afortunada de haber nacido en un contexto donde existe un marco de liberalismo político imperfecto — y lo subrayo, nada es ideal, y no me parece necesariamente malo, dado mi escepticismo hacia las ideologías utópicas — , en el que diferentes pensamientos religiosos, espirituales o incluso la ausencia de estos son tolerados y conviven, la mayoría del tiempo. En un contexto en el que gozamos de mayor libertad para elegir vivir con quien amamos sin miedo, a conformar nuestras comunidades, acceder a más oportunidades que la mayoría de las personas ha tenido en la historia, expresar ideas políticas diversas, criticar abiertamente a líderes políticos y, sobre todo, reírnos de ellos, entre otras cosas que no eran tan evidentes cuando mi abuela nació.

En este blog, mi propósito es aprovechar la libertad de vivir sin miedo a la censura, utilizando una herramienta tan característica de nuestro siglo, para reflexionar sobre las cuestiones que nos afectan, que, aunque propias de nuestro tiempo, riman a su manera con las de siempre. No pretendo trazar el mapa más exacto del mundo, sino incitar la curiosidad por múltiples perspectivas, plenamente consciente de que mis decisiones conllevan la omisión de ciertos aspectos, reconociendo que estas reflexiones son, en su esencia, inacabadas y crónicamente imprecisas.

Siendo, tal vez, poco original: atrevámonos a pensar juntos.